vitoria. "Los socialistas han abierto la barra libre de la VPO a cualquiera que se quiera empadronar seis meses en Vitoria", censura sin titubeos Javier Maroto. El portavoz municipal del PP durante la última legislatura abogará si triunfa en las próximas elecciones por impulsar "con más fuerza" el alquiler social.

Vitoria tiene más de 10.000 viviendas vacías y, sin embargo, muchísimos vecinos aún no pueden acceder a un piso en condiciones asequibles. ¿Qué medidas pondría en marcha para dar la vuelta a este escenario?

El principal motivo por el que esas viviendas están vacías es que los propietarios no consiguen venderlas o no pueden alquilarlas. Creo que Vitoria debería explotar un sistema de viviendas en alquiler con garantías. Es decir, fomentar un poco más el modelo que ya pusimos en marcha en el Ayuntamiento en el que las dificultades y los temores que tienen los propietarios a los destrozos o los impagos no sean ningún impedimento para sacar esos pisos al mercado. Debemos dar salida a esas 10.000 viviendas porque es intolerable que haya tanta gente que no puede acceder a un piso y a la vez tengamos tantos pisos vacíos.

¿Cómo ayudaría a los jóvenes con recursos económicos escasos que lo deseen a emanciparse de sus hogares familiares?

Una persona con dificultades económicas no puede pagar una hipoteca y, por tanto, no puede acceder a una vivienda. En este caso, hay que facilitar a esas personas que puedan disponer de una vivienda en alquiler, por lo menos, porque necesitan tener acceso a una vivienda digna. En ese sentido, es absolutamente necesario reformar integralmente todo el sistema de prestaciones sociales que tiene el Ayuntamiento en materia de vivienda, porque ahora mismo hay muchos jóvenes que por ingresos están fuera de las tablas de ayudas de vivienda y, sin embargo, hay muchas otras personas que sin tener ningún ingreso vienen a Vitoria y reciben los 908 euros de prestaciones sociales, incluido lo de la vivienda. Hay que dar más ayudas sociales a quien lo necesita y reformar el sistema de ayudas sociales para reconducirlo. En este sentido, hemos propuesto cambiar la antigüedad en el padrón para poder cobrar ayudas sociales, también para vivienda, de los seis meses actuales a cinco años.

Viendo la demanda actual de VPO, cada vez más enjugada en Vitoria, ¿qué políticas activaría durante la próxima legislatura para acabar con las listas de espera?

Las listas de espera, con toda seguridad, van a acabar en el próximo mandato. Lo que no comparto es la idea de los socialistas de continuar el crecimiento de la vivienda de protección oficial eliminando el plazo de requerimiento de empadronamiento que hemos tenido en Vitoria. Precisamente por lo que decía antes. Tenemos que defender el acceso a la vivienda y a los servicios públicos, en primer lugar, a quienes han estado contribuyendo con sus impuestos y cotizando en nuestro municipio. En el caso de que esas personas lo tengan cubierto, hacerlo con los demás, pero no como están proponiendo los socialistas de abrir la barra libre de la VPO a cualquiera que se quiera empadronar seis meses en Vitoria.

¿Se ha impulsado lo suficiente en los últimos años el alquiler social, una opción cada vez más en boga?

Se ha impulsado, pero quizás debería impulsarse con más fuerza. Porque, como digo, para las personas que no pueden acceder a una hipoteca su alternativa es el alquiler y, en ese sentido, la Administración debe fomentar que las viviendas vacías salgan al alquiler y fomentar también el alquiler social.

¿Qué le parecen las ayudas al alquiler para jóvenes activadas desde el Gobierno central?

Estas ayudas las desconocen hasta los propios afectados. Las medidas de Zapatero han sido un día una cosa y al día siguiente la contraria. En materia de medidas económicas, los socialistas han fallado y eso los jóvenes lo saben muy bien.

Las deficiencias en pisos de protección oficial se han hecho últimamente bastante habituales. ¿Qué haría para proteger a las comunidades de vecinos afectadas?

En primer lugar, exigir a los promotores y constructores que cumplan con los requisitos de calidad exigidas en los propios contratos. Así podría verse si existen responsabilidades por parte de esos promotores. Y en segundo lugar, articular desde el Ayuntamiento los medios jurídicos necesarios para poder defender a estos adjudicatarios de VPO que en ocasiones se sienten indefensos. Creo que ésta es la principal dificultad que tienen.