Vitoria. Mucho se ha hablado durante la recta final de esta legislatura sobre el enorme reto que supondrá hacer sostenible el entramado sociosanitario en un futuro no muy lejano. El envejecimiento de la población dibuja un escenario de complicaciones para el sistema público, modélico por su cobertura si se compara con otras comunidades del entorno, y conceptos como el copago de servicios o la racionalización del gasto ya han saltado con fuerza a la arena política. Las frías estadísticas dan pie a esta reflexión: en 2020 vivirán en Álava alrededor de 71.500 personas mayores de 65 años, lo que supondrá el 20,8% de la población prevista para ese año. Y los mayores de 80 alcanzarán ya el 6,4% del total, frente al 4,5% de ahora.

La Diputación alavesa ha hecho cuentas y en ese horizonte calcula que vivirán en la provincia 35.880 personas dependientes y con discapacidades, por lo que el número de potenciales usuarios de la red de servicios sociales aumentará en unas 8.000. Los cambios demográficos y sociales apuntan, además, a una disminución de la red de cuidados por el entorno familiar y a un incremento de la demanda en servicios y prestaciones sociales. Mientras tanto, el Departamento de Sanidad, consciente de que el incremento de las expectativas de vida multiplicará el volumen de pacientes que padecen una o más patologías crónicas, también ha reflexionado y puesto en marcha una ambiciosa reforma del sistema para enfocarlo hacia este tipo de usuario y hacerlo sostenible.

Las primeras medidas, llamadas a empoderar a los pacientes fomentando un mayor cuidado de su salud desde el propio domicilio, han comenzado a ponerse en marcha en los últimos meses, aunque no sin dificultades y críticas por parte de sindicatos y trabajadores. Actualmente, los crónicos consumen el 77% del gasto sanitario y protagonizan el 80% de las interacciones con las estructuras asistenciales de Osakidetza. Teniendo en cuenta el crecimiento previsto y sin llevar a cabo una redefinición del sistema, estos pacientes absorberían dos tercios del presupuesto global del Gobierno Vasco en 2030, algo insostenible.

Aunque las iniciativas que se vayan implantando en los próximos años al frente del Instituto foral de Bienestar Social (IFBS) y Osakidetza dependan, en todo caso, del color político de sus gestores, ambos cuentan ya con hojas de ruta para caminar hacia un futuro de calidad unido a una factura económica asumible para las arcas públicas.

Fue el diputado general, Xabier Agirre, quien puso sobre la mesa por primera en el Pleno de Santa Catalina de 2009 cinco estrategias concretas "para garantizar a los alaveses la atención y la protección social" que precisan en el ámbito de los servicios sociales de aquí a futuro. Son, por este orden, la captación de recursos adicionales mediante la participación económica de las personas usuarias con mayores recursos -el copago-, la colaboración público-privada tan criticada desde amplios sectores, la racionalización del gasto, que se impulsará una vez determinadas las carteras de servicios de cada institución fruto de la nueva Ley de Servicios Sociales, la creación de empleo en el sector como fuente de actividad económica, así como la innovación, introducida de manera "sistemática" apoyando valores éticos y el desarrollo sostenible.

En una entrevista con este periódico, Agirre defendía el pasado noviembre la primera de estas medidas, quizá la que más revuelo ha generado desde que se puso encima de la mesa, y fuertemente censurada por las fuerzas de izquierdas con representación en la Cámara foral, como EA, Aralar, EB o la izquierda abertzale histórica. Para ellas, la captación de estos recursos adicionales debería realizarse a través de los impuestos, mediante una reforma fiscal que grave, de forma progresiva, a las clases más pudientes. "Me parece razonable que aquél que necesite la prestación de algún tipo de recurso social y tenga medios económicos pueda contribuir en los costos de esos servicios en la medida de sus posibilidades. Y eso es copago. Y no tengo ningún problema en reconocer que es una medida que habría que adoptar para garantizar la sostenibilidad a futuro de las prestaciones sociales", insistía el todavía diputado general. Sea como fuere, de una u otra forma, se necesitarán cuantiosos recursos económicos para que la vaca de los servicios sociales siga dando leche. Una exigencia que debería desligarse, en todo caso, de políticas de recorte en lo social.

La creación de nuevas infraestructuras sociosanitarias resultará también fundamental para asumir la demanda en el futuro. Durante la presente legislatura, este camino parece haberse empezado a recorrer con la creación de la residencia de Lakua, la primera en Vitoria después de diez años, así como las de Laguardia y Agurain, la ampliación de la de Kanpezu y el inicio de la construcción de la de Abetxuko. También han iniciado su actividad los nuevos centros rurales de atención diurna de Respaldiza, Maeztu, Aramaio, Valle de Arana, Zuia o Zigoitia, así como los centros de día de Lakua o el ubicado en la residencia Agurain.

¿Y qué hay del ámbito sanitario? El proyecto de reordenación hospitalaria de Gasteiz impulsado por Sanidad contempla la creación de un nuevo hospital de crónicos, llamado a ocupar el actual espacio de Santiago, en respuesta a las necesidades detectadas por el equipo de Rafael Bengoa. Aunque más que en la ciudad, la importancia de garantizar la mejor atención posible a los vecinos de los pueblos, notablemente deteriorada con el paso del tiempo, se erige como uno de los retos fundamentales para la Sanidad pública del futuro.

Julián Pérez Gil, director general de Osakidetza, sintetizaba en un reciente encuentro con DNA hacia dónde debería dirigirse la asistencia sanitaria en el territorio, mediante la implantación de estrategias que harían "innecesario" el copago. "Debemos hacer una integración de los sistemas [...] y conseguir que el paciente sea menos pasivo en su enfermedad [...] así el paciente crónico ingresará menos en los hospitales". ¿Qué futuro nos espera? Por de pronto, las iniciativas de Osakidetza no han terminado de cuajar por la notable falta de información.