vitoria. En las políticas activas de empleo se ubicó uno de los principales frentes de batalla entre PNV y PSE durante el pasado año. Ambas formaciones trataron de reivindicar el mérito de un traspaso negociado entre los jeltzales y el PSOE y materializado por el Gobierno Vasco por una cuestión de perogrullo. Esta institución es la que forma parte, como no puede ser de otra manera, de la Comisión Mixta de Transferencias que ha de rubricar de forma oficial el traspaso.
Finalmente, éste se firmó con las bonificaciones a la contratación incluidas, una materia a la que los socialistas se opusieron en su día asegurando que rompía la caja única de la Seguridad Social, y que elevó la cuantía de la transferencia en unos 150 millones de euros. El PNV impuso a José Luis Rodríguez Zapatero el traspaso de esta cantidad y entonces los socialistas vascos, ante los hechos consumados, la hicieron suya como un mérito propio.
Ahora las bonificaciones a la contratación se han convertido en una hipoteca para el presente de los vascos y una incógnita de cara al futuro. Euskadi va a perder dinero en 2011 por sufragar esas bonificaciones, en relación inversa a la reducción del desempleo: cuantos más parados haya en la Comunidad Autónoma Vasca menos habrá que pagar, y viceversa.
PNV y PSE, mientras tanto, siguen defendiendo la gestión que se hizo en septiembre. Una marcha atrás dejaría a ambos en mal lugar cuando las bonificaciones se convirtieron en la guinda del pastel competencial que ambos reivindicaban haber cocinado.
El PNV lo hace además porque defiende el modelo del fuero sobre el huevo, la prevalencia del desarrollo pleno competencial aunque, de forma coyuntural, se pierda dinero. Y lo mismo argumentan los socialistas. En los dos años de Gobierno de Patxi López el PSE ha modulado su entusiasmo estatutario en función de las circunstancias, hasta alcanzar el cenit con el cierre de la negociación entre PNV y PSOE que completó de golpe prácticamente todo el Estatuto de Gernika, gracias a un Rodríguez Zapatero que ofrecía su reino por un caballo.
Consumado el traspaso masivo de competencias y confirmada la pérdida de dinero que iba a suponer en el caso de las bonificaciones a la contratación, el lehendakari defendió el Concierto Económico como un "sistema de riesgo compartido que forma parte del autogobierno y con el que hay que estar a las duras y a las maduras". Es decir, el fuero antes que el huevo.
Ya en otoño se barruntaba que la operación de las bonificaciones podía no ser tan ventajosa. La competencia ahora es del Gobierno Vasco, cueste lo que cueste, y resulta que va a costar más que los 150 millones que Madrid ingresará en la cuenta corriente del Ejecutivo de Vitoria en virtud de lo negociado en septiembre. En ese sentido, López afirmó hace poco haber valorado ante el Gobierno central el traspaso en los 200 millones que más o menos va a costar.
cálculo pendiente En 2009, los incentivos que la Seguridad Social dio a los empresarios vascos por contratar a mujeres, parados de larga duración o personas discapacitadas, por ejemplo, se han calculado en 208 millones de euros, con lo que, a falta de conocer esa estimación para 2010, de lo que no cabe duda es de que Patxi López tendrá que sacar la cartera y poner lo que falte.
Y nada más, porque la ronda la sigue pidiendo el Gobierno. Si bien en el resto de las políticas activas de empleo el traspaso significa diseño y gestión de esas medidas, en el caso de las bonificaciones el Gobierno Vasco se limita a reponer en la caja de la Seguridad Social lo que se haya tomado para incentivar a los empresarios que generan empleo en sectores de población desfavorecidos. "El traspaso sólo supone responsabilidad de pago, no hay competencia como tal", señalan fuentes del Ejecutivo autónomo.
El traspaso de las bonificaciones se produce además en un momento en el que el Congreso de los Diputados está inmerso en la reforma de las políticas activas de empleo, que el Gobierno central envió a la Cámara en forma de Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y que propone, por ejemplo, bonificaciones del 100% para quien dé trabajo a jóvenes menores de 30 años y a parados de larga duración mediante contratos a tiempo parcial.
Las políticas activas de empleo en sí no afectan a Euskadi, que las diseñará a su libre albedrío, pero sí estas bonificaciones, ya modificadas mediante la reforma laboral, y los cambios añadidos que puedan sufrir.
En plena precampaña, proponer la estimulación del empresario para que contrate a mujeres, jóvenes o parados de larga duración suena bien tanto al obrero como al patrón, y a la oposición le sale gratis lanzar al aire ese tipo ideas que pueden dejar rédito electoral. Así, el PP ya ha planteado en el Congreso que se bonifique al 100% de las cuotas que abonan las empresas para todo tipo contratación de jóvenes y mujeres durante el primer año, extendiéndolas a los desempleados de larga duración mayores de 45 años.