En el ámbito de la Justicia, las formas son tan importantes como el fondo, especialmente cuando se trata de defender las garantías procesales del juzgado. En la decisión sobre la legalidad o no de Bildu, que la Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo debe establecer antes de esta medianoche, se ha dado uno de esos supuestos que podrían dar al traste con el trabajo de los magistrados, los mismos que por un escasísimo margen decretaron que Sortu no se ajusta a la Ley de Partidos.

El nombramiento de Rafael Gimeno-Bayón como ponente de la decisión sobre la impugnación de las listas de Bildu fue anulado el 12 de abril al ser juez de carrera en excedencia y haber obtenido una de las plazas del Tribunal Supremo reservada para el turno de juristas. Según ese criterio, no debería decidir sobre Bildu.

Sin embargo, esa anulación no está aún respaldada por una sentencia firme y por ello el Tribunal Supremo ha decidido mantener a este magistrado -uno de los que firmó el voto particular contra la ilegalización de Sortu-, con la anuencia de buena parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Creen los jueces que saltarse el turno para evitar que Gimeno-Bayón decida sobre Bildu podría ser causa de nulidad de la sentencia que se dicte sobre la coalición, pues el magistrado es por el momento miembro de pleno derecho del Tribunal Supremo.

Aunque Giménez-Bayón se reincorpora a la ponencia que decidirá sobre Bildu, ésta no será idéntica a la que ilegalizó a Sortu por un apretado resultado de siete votos en contra y nueve a favor. Jesús Corbal sale de la Sala Especial, pues cuando se votó sobre Sortu sustituía al magistrado Xavier O'Callaghan, que entonces se encontraba de baja. Corbal votó contra la legalización y O'Callaghan pertenece al sector más progresista de la Magistratura, lo que a priori supone un empate, si se decide sobre los mismos criterios.

En ese caso el Supremo tendría que recurrir a la llamada Sala de discordia para adoptar una decisión definitiva, que consiste en la introducción de 1, 3 o 5 magistrados para que el tribunal conste de número impar. A Bildu, al igual que a Sortu, le quedaría en caso de rechazo a sus listas el recurso al Tribunal Constitucional, donde conviven seis magistrados conservadores y seis progresistas, una de ellas la presidenta, María Emilia Casas, que cuenta con el voto de calidad para deshacer posibles empates.

Por otro lado, el Supremo ordenó también, a petición de la Abogacía General del Estado y del Ministerio Fiscal que, como medida cautelar en tanto se resuelven los recursos, no se entregue una copia del censo electoral a las candidaturas impugnadas.