Madrid. El Partido Popular elevó ayer un peldaño más la presión sobre el Gobierno español al exigirle que impugne no solo las listas electorales de Bildu de cara a las elecciones municipales y forales de mayo, sino que actúe contra la candidatura de la coalición abertzale y de izquierdas en sí misma. Así lo explicó la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, quien afirmó que “siempre hemos pedido que se hiciera lo legalmente posible para que Bildu no estuviera ni en las elecciones ni en las instituciones”. Agregó que esta petición se basa en el informe que han elaborado las Fuerzas de Seguridad sobre las listas, que puede servir también, según ella, para actuar contra la entente.

En una comparecencia tras el Comité de Dirección del PP que se celebró ayer, Cospedal no quiso adelantar cómo puede afectar al Pacto Antiterrorista la posición que adopte el Ejecutivo de Zapatero en este periodo preelectoral. “Si eso no se produjera así [la impugnación de Bildu] actuaremos como consideremos conveniente”, se limitó a decir, a pesar de que tan sólo un día antes advirtió del “peligro” que corría esta alianza.

Desligó además esta cuestión del enfrentamiento que mantienen populares y socialistas a cuenta del caso Faisán o de la huida del expreso de ETA Antton Troitiño. “Una cosa es el pacto y otra que no se haya obrado con la diligencia debida en el caso de Troitiño, lo que ha facilitado la fuga. Y el Gobierno no se puede parapetar detrás del pacto para esconder sus errores o el chivatazo, son cosas distintas y el PP tiene la obligación de denunciarlas”, dijo Cospedal.

Sobre la impugnación de Bildu y su afección al pacto sí se pronunciaron dirigentes del PSOEcomo el presidente del Senado, Javier Rojo, quien se preguntó “¿qué tiene que ver el Gobierno, qué tiene que ver el Partido Socialista en esta cuestión?”. Añadió que Cospedal “es abogada del Estado, conoce perfectamente los mecanismos y el funcionamiento del sistema y sabe que la autonomía de la política tiene un papel y que hay que dejar a los jueces, a los tribunales, al Estado de derecho que funcione”.

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró que los contactos entre el Gobierno y el PP sobre política antiterrorista se mantienen, pero acusó al líder de los populares, Mariano Rajoy, de “azuzar a sus portavoces más radicales” para seguir con la “línea de ataque”, algo que achaca a una “estrategia” para evitar hablar de política y propuestas electorales.

A estas voces se unió la del coordinador general de IU, Cayo Lara, quien dijo que “estamos firmemente convencidos de que con la lucha de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la legalización de Bildu el final de ETA llegará antes que después, pero debe acabar ya el debate para sacar tajada política”.

En cualquier caso, la exigencia del PP de impugnar Bildu para que no se pueda presentar el 22-M llegó el mismo día que las Juntas Electorales proclamaron las candidaturas a las elecciones municipales, que serán publicadas hoy en los Boletines Oficiales territoriales. Con este trámite arranca un complejo periodo de recursos y resoluciones judiciales que se puede prolongar hasta la misma jornada electoral, el próximo 22 de mayo.

En primer lugar, los partidos pueden presentar recursos contra la proclamación oficial de las candidaturas, para lo que tienen de plazo hasta el jueves. La propia administración electoral dispondrá de dos días -hasta el sábado- para dictar una resolución firme.

Aún así, las formaciones políticas podrán presentar un segundo recurso de amparo, esta vez ante el Tribunal Constitucional, entre el mismo jueves, día 28, y el 2 de mayo. En este caso, el alto tribunal deberá pronunciarse en los tres días siguientes a su interposición.

Existe otra vía para cortar el camino a las elecciones a una formación supuestamente heredera de Batasuna. Y es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite que la Fiscalía recurra las listas ante el Tribunal Supremo aún en campaña electoral, hasta el 12 de mayo. Los afectados podrían recurrir esta decisión hasta el día 15, que la Sala del 61 debería resolver en un plazo de dos días. Los partidos podrían recurrir entonces ante el TC, que debería resolver en tres días.