vitoria. El Partido Popular no ceja en su empeño de evitar la incorporación a las urnas de cualquier marca que tenga visos de estar vinculada a la izquierda abertzale ilegalizada. Para ello está dispuesto incluso a romper el pacto antiterrorista rubricado con el PSOE o, al menos, quiere que el Gobierno tenga en cuenta este argumento a la hora de exprimir las posibilidades jurídicas para cerrar las puertas de los colegios electorales a la coalición Bildu.
La número dos de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal, advirtió ayer a los socialistas de que la inclusión en las urnas de la alianza formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes "pondría en peligro" el acuerdo firmado por los dos partidos mayoritarios en España contra ETA. Al ser preguntada si es partidaria de ilegalizar la coalición, Cospedal indicó que "hay que utilizar todos los medios posibles" para impedir que Bildu esté en los comicios, pero trasladó la patata caliente al tejado del PSOE y puntualizó que es el Gobierno "el que tiene que decidir la vía" -bien la de la impugnación de todas las candidaturas, bien la de ilegalizar la coalición-, porque es el que "tiene la responsabilidad de hacer todas las averiguaciones" y el que dispone de todos los datos, como los que le proporcionan las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta fuente de información ha presentado un avance documental sobre el que trabajan ya la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Un texto que, según fuentes de la lucha antiterrorista, apunta a que Bildu es una estrategia ideada por la banda armada y ejecutada por Batasuna, y que podría servir para impugnar las listas de la coalición ante el Tribunal Supremo este miércoles o jueves.
La Sala del 61 dispondrá de dos días para resolver, pero su decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse antes de la medianoche del próximo 5 de mayo, fecha en la que dará comienzo la campaña electoral. Como novedad tras la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las listas de Bildu podrán ser impugnadas hasta el 12 de mayo si durante la campaña surgen hechos nuevos que hagan sospechar de la vinculación de esta marca política con la organización terrorista.
En ese hipotético caso, y previo pronunciamiento del Supremo, también el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, para lo que dispondrá de un plazo que finalizará la medianoche del día 20, justo al inicio de la jornada de reflexión que servirá de antesala a las elecciones, en el caso de la CAV, municipales y forales.