vitoria. La Policía no encuentra a Antonio Troitiño, aunque le buscan en Francia. "Su rastro se ha esfumado", rezaba ayer a media tarde la apertura de la edición digital del diario El País. Condenado a más de 2.000 años de prisión en la década de los ochenta, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó su puesta en libertad el pasado 13 de abril, tras pasar 24 años entre rejas. Pero ayer, de madrugada, el mismo tribunal que días antes le sacaba de la cárcel volvía sobre sus pasos y cambiaba de criterio: revocaba la excarcelación y dictaba una orden de búsqueda y captura contra Troitiño. Donde dije digo, digo Diego.
La Audiencia Nacional, por lo tanto, completa un giro de 180º en el reducido plazo de una semana, un cambio radical en el que mucho ha tenido que ver la atosigante presión mediática y social creada en torno al caso. La confirmación a dicha hipótesis llegó desde las filas populares, una de las formaciones más "indignadas" por la excarcelación de Troitiño. Su secretaria de Organización, Ana Mato, aseguró ayer que "la decisión tomada hoy no habría ocurrido si no hubiera sido por la indignación generalizada y alarma social que ha provocado". Todo un golpe a la independencia del poder judicial español.
Sin embargo, la maniobra de urgencia efectuada por la Audiencia Nacional no ha dejado contento a nadie. Antonio Basagoiti, líder de los populares vascos, firmó una de las valoraciones más drásticas de la jornada, al afirmar que "aquí alguien muy importante ha metido la pata, y lo tiene que pagar".
En otro lado del ring estatal, las declaraciones fueron mucho más comedidas. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rehusó referirse directamente al tema, y cargó contra el PP por pedir medidas de vigilancia para Troitiño. "Antonio Troitiño fue liberado porque un tribunal dictó un auto según el cual había cumplido su condena; a partir de ahí es un ciudadano que tiene todos los derechos intactos, nos guste más o menos", aclaró.
Los colectivos de víctimas, por su parte, se mostraron muy críticos, y algunos se permitieron la licencia de allanar el terreno político para pedir "explicaciones" al Ejecutivo Zapatero. Si Troitiño no aparece, la AVT anunció que "exigirá responsabilidades" tanto al Gobierno español como a los tribunales. "¿Qué respeto vamos a tener a los tribunales?", se preguntaron desde la citada asociación al considerar que la revocación había llegado "tarde". Manos Limpias fue aún más allá, al anunciar que denunciará al juez que decretó la excarcelación de Troitiño.
POLÍTICA DE VENGANZA Ezker Abertzalea, por su parte, denunció la orden de detención dictada contra Troitiño, al considerarla "un ejemplo más de la política de venganza que ejerce el Estado español" contra los presos vascos. Además, pidieron a los Estados español y francés que cumplan con las exigencias recogidas en el Acuerdo de Gernika.
El Movimiento Pro Amnistía y Aralar también coincidieron en calificar de "vengativa" la revocación de la excarcelación. En el caso de Aralar, su coordinador general, Patxi Zabaleta, en declaraciones a Radio Euskadi, pidió a Troitiño que se entregue, "para dejar así en evidencia lo ridículo de todo esto". La Audiencia Nacional se apoyó en la doctrina del Tribunal Constitucional cuando decretó la excarcelación de Troitiño. En concreto, se basó en el criterio de doble cómputo de condena establecido por dicho tribunal en 2008. El citado criterio establece que si un preso se encuentra en prisión cumpliendo una condena firme y al mismo tiempo en preventiva a la espera de juicio por otra causa, el periodo de prisión provisional se le suma a la totalidad y se deduce de la segunda condena. Es decir, cada día transcurrido en prisión en esta coyuntura valdría por dos: un día por la condena firme, otra por la preventiva. En el caso de Troitiño, fue detenido en 1987 y recibió su primera condena firme en 1988. A partir de ahí, mientras cumplía dicha pena, acumuló hasta ocho años de prisión provisional hasta que fue juzgado por las demás causas pendientes que tenía.
