Lokarri dice que legalizar Sortu facilitaría un proceso de "paz abierto"

El portavoz de Lokarri, Paul Ríos, y la también miembro de la red ciudadana Aitziber Blanco han presentado este miércoles en Bilbao los contenidos del informe del Observatorio Social del proceso de paz, correspondiente a invierno de 2011.

Este noveno informe ha sido elaborado tras analizar las aportaciones de las 1.104 personas que han respondido al cuestionario difundido durante el mes de marzo.

En ese sentido, han explicado que algunos hechos recientes, como la decisión del Tribunal Supremo de no inscribir a Sortu o el ataque de ETA contra gendarmes franceses, no se encuentran reflejados.

Blanco ha indicado que el dato más destacable es que el 90 por ciento de las personas que han participado consideran que "hay más posibilidades que hace un año para conseguir la paz" y que, posiblemente, nos encontramos "en un punto de no retorno".

Según ha indicado, "los principales motivos para la esperanza son tres: el rechazo de Sortu a la violencia de ETA, el alto el fuego de ETA y la presencia de facilitadores internacionales". Así, ha remarcado que el contenido de los estatutos de Sortu es considerado como "un paso histórico de la Izquierda Abertzale ilegalizada".

La miembro de Lokarri ha señalado que "el hecho de que ETA no haya cometido atentados planificados durante un año y medio y la propia declaración de alto el fuego, acompañada de la disposición a su verificación por la comunidad internacional, llevan a pensar que el final de la violencia puede llegar pronto, aunque también el hecho de que ETA no haya anunciado el final definitivo sigue generando dudas".

En cuanto a la presencia de facilitadores internacionales, es calificada como una forma de "garantizar la veracidad del alto el fuego y que el proceso hacia la paz tenga eco en Europa, por lo que se valora positivamente la labor que pueden realizar y se destaca su prestigio". En ese sentido, Ríos ha recordado la intención del Grupo Internacional de Contacto de comenzar por "el tema de la extorsión y el impuesto revolucionario" para verificar si ha cesado y, "a partir de ahí, se estudiarían otros mecanismos".

Por otro lado, Blanco ha advertido de que "no todo son motivos para la esperanza" y ha señalado que "los grandes obstáculos en el camino hacia la paz" que los encuestados han destacado son "la acción obstaculizadora del Gobierno, impugnando la inscripción de Sortu y no facilitando un diálogo inclusivo" y "la confrontación política que esta generando la cercanía de las elecciones".

Ante esta situación, las personas participantes en el estudio señalan la necesidad de "abrir espacios de colaboración y diálogo, respetuosos con la pluralidad de nuestra sociedad".

RECOMENDACIONES

Para garantizar la irreversibilidad del alto el fuego de ETA, Lokarri considera de "gran importancia" la labor que los facilitadores internacionales del Grupo Internacional de Contacto pueden desempeñar por "su extensa y contrastada experiencia en labores similares o relacionadas" y porque "la propia ETA ha expresado su voluntad de que sea la comunidad internacional quien lleve a cabo la labor de verificación, tarea que el GIC ha asumido".

En ese sentido, Lokarri recomienda que los partidos políticos y medios de comunicación "no descalifiquen ni obstaculicen la labor que estas personas puedan desempeñar en la consecución de la paz en nuestra sociedad".

Ríos ha pedido a los medios de comunicación que haya "transparencia" para que la sociedad "tenga información de lo que está ocurriendo", de forma que "no suceda igual que en 2006, cuando la sociedad vasca prácticamente no tuvo información contrastada de cómo estaba funcionando el diálogo en Loyola o cómo estaban las conversaciones entre ETA y el Gobierno".

Por otro lado, ha emplazado al Gobierno a que "facilite y colabore en las labores de verificación con todos sus recursos de forma discreta o pública y que inicie las vías de comunicación que considere oportunas".

Según Ríos, si el Gobierno decidiera no obstaculizar la labor de los verificadores, "ellos tendrían más facilidad para poder desarrollar su trabajo y, gracias a ese trabajo, se puede ir generando la confianza necesaria para que, en futuro, el Gobierno sí pueda colaborar en estas tareas de verificación".

Lokarri ha subrayado también la importancia que tiene la legalización de Sortu porque "permitiría a la izquierda abertzale ahora ilegalizada hacer política en igualdad de condiciones", porque "facilitaría iniciar un proceso de paz transparente y abierto", porque "restaría argumentos a quienes todavía opinan que no existen vías pacíficas para defender los proyectos políticos legítimos" y porque su legalización "devolvería la confianza en el Estado de derecho".

Por ello, la red ciudadana ha pedido al Gobierno "que cambie su estrategia, dejando de poner obstáculos al regreso de la izquierda abertzale hoy ilegalizada a la vida política democrática en igualdad de condiciones al resto de partidos".

BILDU

En este mismo sentido, Lokarri cree que el Gobierno "no debería perseguir opciones electorales legítimas y legales, como la que representa Bildu" y ha advertido que "las próximas elecciones pueden ser las primeras que se celebren en unas condiciones de seminormalidad, tras años en las que han tenido lugar con la violencia de ETA o con la izquierda abertzale ilegalizada sin opciones de concurrir".

A su entender, estas elecciones "pueden representar el inicio, aún imperfecto, de un futuro de normalidad, seguridad y libertad para toda la ciudadanía vasca y el Gobierno tiene la responsabilidad de contribuir a ello".

Lokarri ha señalado que el futuro "trae un gran reto para la sociedad vasca: la convivencia y la reconciliación social", por lo que "es necesario generar espacios de reflexión sobre este tema que ayuden a superar los discursos en clave de victoria y derrota, y promover un diálogo respetuoso donde reflexionar sobre cómo gestionar nuestras diferencias de forma constructiva, sobre el pasado y el futuro, atendiendo todos los sufrimientos".

TROITIÑO

En cuanto a la decisión de la Audiencia Nacional de revocar la puesta en libertad del preso de ETA Antonio Troitiño, el coordinador de Lokarri ha considerado que "añade más obstáculos a este momento de oportunidades".

Tras recordar que "el fin de la pena es la reinserción y no la venganza", Ríos ha dicho que la orden de la Audiencia Nacional de detener a Troitiño le recuerda "demasiado a lo que ocurrió con el caso de De Juana, que fue un obstáculo objetivo en el anterior proceso de paz".

"Ahora lo que hay que hacer es facilitar el proceso, por lo que la última decisión de la Audiencia Nacional lo que hace es añadir más obstáculos a este momento de oportunidades", ha concluido.