vitoria. EL pasado 4 de marzo, Patxi López se rasgó las vestiduras a favor de Ana Urchueguía. A pesar de las informaciones publicadas por GRUPO NOTICIAS sobre la compra en Somoto por parte de la exalcaldesa de Lasarte de una finca de un millón de metros cuadrados a la ONG Asodecom, que gestiona las ayudas destinadas a la localidad nicaragüense, el lehendakari optó por ejercer de escudero de la delegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú. Y lo hizo en sede parlamentaria. A preguntas de la oposición, hizo suya la máxima que postula que la mejor defensa es un buen ataque. Dio por buena la versión de Urchueguía, aseguró que el valor de sus terrenos en Somoto no superaba los 58.000 euros, y cargó tintas contra los periodistas, a quienes acusó de "intentar comprar con dinero respuestas inducidas" de los lugareños, al tiempo que consideró que "han mentido sabiendo que mentían". Su conclusión fue clara: "Están tratando de destrozar la vida de una persona". La andanada no dejó indiferente a nadie. El lehendakari abandonó el estrado tras haber protagonizado una intervención histórica por lo atípica y destemplada.
El 5 de abril, poco más de un mes después de que este periódico informara sobre la adquisición de la delegada, Urchueguía rectificó y reconoció esa compra -y la de otras cuatro propiedades-, al tiempo que admitió que no habría sido acertada: "No fue muy prudente por mi parte pero, como me lo ofrecieron...". Mientras tanto, el apagón informativo se asentaba en EITB, que no ha seguido el caso con mayor exhaustividad por considerar que "no es relevante". La credibilidad de López, tras sus acusaciones a la prensa, quedaba en una precaria situación.
Lo cierto es que no tardaron en surgir las voces que le acusaban de haber mentido en sede parlamentaria -ante los representantes elegidos por los ciudadanos, lo cual agravaría el hecho-, si bien no era la primera vez que se enfrentaba a recriminaciones similares por contradecir sus palabras con los hechos, o por exteriorizar compromisos desde el atril de la Cámara para, posteriormente, dejar sus buenas intenciones en el cajón de los juguetes rotos, como sucede con el incumplimiento de su calendario legislativo. Su Ejecutivo también ha experimentado en propias carnes el agrio sabor del desmentido por la vía de los hechos. Le pasó al consejero Rodolfo Ares, quien anunció a finales de marzo una purga en la Ertzaintza que había negado un mes y medio antes a este medio -que adelantó su intención de relevar a los comisarios de las tres capitales de la CAV-, cuando solo reconoció la sustitución del responsable de Gasteiz. El lehendakari, por su parte, accedió a Ajuria Enea con un pacto que negó en precampaña, y se tomó su tiempo a la hora de desmentir, como candidato, que hubiera acabado su carrera de Ingeniería.
La mayor profusión de incumplimientos, sin embargo, puede encontrarse, precisamente, a la hora de cotejar sus acciones con las promesas realizadas desde el Parlamento. Basta con echar un vistazo a su discurso de investidura del 5 de mayo de 2009. En ese momento, López rompía una lanza a favor de la transversalidad. "Pido su confianza para unir a la sociedad vasca, para acabar con la confrontación política e institucional y dejar atrás el tiempo de la división y de los bloques enfrentados", prometía. Más contundente se había mostrado el 23 de febrero en Basauri: "He dicho una y mil veces que no vamos a buscar acuerdos con un PP que solo sabe hacer en Euskadi antinacionalismo y antisocialismo". Cambió de idea el 1 de marzo de 2009 a las 22.30. Parece poco probable que la decisión fuera improvisada.
diálogo sí, pero con el pp Semanas después, el lehendakari rubricaba la entente constitucionalista. Su socio preferente del PP se ha erigido en su único interlocutor válido. Desde la última reunión con el presidente del PNV Iñigo Urkullu, el 29 de enero de 2010, su relación se ha limitado a llamadas esporádicas. Mientras tanto, el PSE se ha embarcado, desde un Gobierno en minoría de 25 escaños lejos de su apuesta por un equipo "fuerte, sólido y estable", en una política identitaria que se ha traducido en la modificación del mapa del tiempo de EITB, la retransmisión del discurso navideño del monarca español, o la asistencia al desfile militar del 12 de octubre. "Los socialistas renunciamos a imponer al conjunto de la ciudadanía vasca nuestra forma de entender la identidad", había asegurado. Meses más tarde, instauraba la festividad del 25 de octubre como Día de Euskadi, en contra del tradicional Aberri Eguna, y valiéndose de los votos del PP.
Su apelación al diálogo y al fin de la confrontación institucional también se ha visto afeada por el tira y afloja con las instituciones gobernadas por el PNV. Así lo acredita el pulso en Eudel, sufrido en primera persona por su presidente, el jeltzale Jokin Bildarratz, y a pesar del pretendido municipalismo del jefe de Lakua, que consideró que la Ley Municipal "no puede esperar" -sigue en la recámara-, y que apeló a la relación con las localidades como "seña de identidad" de su gabinete. La credibilidad de su alegato ha pasado también a mejor vida en el caso del vínculo con las diputaciones, a quienes el Gobierno vasco ha acusado de actuar como "contrapoder". Una tensa relación donde el PSE ha visto en los transportes a su víctima propiciatoria, con retrasos en obras clave y ceses en el Consorcio de Transportes de Bizkaia, financiado por Lakua y los entes forales. El socialismo ha embarrado los mismos "problemas reales" que López abogó por solucionar en su investidura.
De hecho, la gestión sectorial del Ejecutivo registra otras tantas promesas fallidas que no han tardado en motivar la crítica de la oposición, con especial incidencia en un área como el empleo, tan sensible en tiempos de crisis. Había proclamado la "necesidad de proteger a los más vulnerables y la idea de que, para lograr esos objetivos, son necesarios el Estado y unos servicios públicos de calidad". "Promoveremos un ambicioso programa que frene la destrucción de empleo y los EREs que estamos conociendo casi a diario", anunció, toda vez que recalcó que "no habrá recortes en derechos sociales".
No ha cumplido ninguno de los dos anuncios. Las buenas intenciones han chocado con la caída de las prestaciones y con el nuevo récord batido por el paro en la CAV durante el mes de marzo, que registró 6.095 afectados más, elevando la cifra a 151.551 personas. La tasa subió en un 10% en el último año, frente al incremento en un 4% experimentado en el Estado, mientras el Gobierno Vasco decidía implantar ese mismo mes el Plan 4.000 empleos, que ha reducido el cupo de los puestos de trabajo reservados a los más necesitados. La medida ha rebajado el apoyo a la contratación de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos de forma que, si con el anterior programa se postulaba que habrían de suponer 30 de cada 100 contratados, el listón ha bajado a 20. Además, el presupuesto destinado a la creación de empleo ha pasado de 63 millones a 42, al tiempo que serán los ayuntamientos quienes abonen de su bolsillo cualquier sobrecoste que pueda generar el plan.
Mientras tanto, el monto de aquellos que se ven obligados a recurrir a las ayudas sigue subiendo: el pasado año creció en 6.531 familias. Aumenta el número de personas en riesgo de exclusión, y el Ejecutivo se limita a lanzar mensajes de resignación ante la precariedad, como el que preside el decreto 4/2011, donde se apuesta por "implantar un modelo que [...] consiga hacer atractiva la incorporación al mercado laboral, incluso para acceder a un empleo de bajo nivel salarial". El PNV ha ofrecido a López un plan para atajar el paro, pero el PSE le ha conminado a dejarse de "teatrillos electorales".
La situación no se presenta más desahogada en vivienda, donde Lakua ha reconocido que es "difícil" erigir los pisos protegidos prometidos; o en industria. En Ezkerraldea lo saben. La constatación de una nada prometedora realidad, presidida por la pérdida de empleos en La Naval y Babcock, ha caído como un jarro de agua fría sobre los trabajadores. El socialismo, desde el Gobierno y desde los municipios afectados, no ha podido reconducir la tendencia. "La industria vasca ha sido, es y debe seguir siendo la columna vertebral de nuestra economía. No podemos dejar, de ninguna manera, que ningún proyecto empresarial viable y con futuro se vaya al traste por problemas de financiación", había alentado el lehendakari.
Lejos de su optimista vaticinio, la economía continúa suponiendo uno de los principales elementos de desgaste de un Ejecutivo que asistió en 2010 a un aumento de la deuda que triplicó la media del Estado al alcanzar el 95%. No ha provocado que le tiemble el pulso al convocar fiestas millonarias, como la del Estatuto -con un coste de 335.272 euros- o el homenaje a los embajadores del turismo vasco -con 366.000 euros-. Todo ello a pesar de su defensa de "la transparencia y la austeridad".
descontento multisectorial Su promoción de los servicios públicos tampoco se ha visto acompañada del éxito. Así lo prueban los últimos mensajes sobre Osakidetza -prometió hacer de la sanidad "un referente en España y Europa de servicio eficiente"-, tras asumir que no podrá reducir las listas de espera ante el aumento de la demanda; o la falta de capacidad a la hora de atender las demandas de la Ertzaintza -"imposibles de asumir"-, un Cuerpo al que apostó por dotar "de recursos y de apoyo político", y que ha respondido con una campaña de protestas.
El discurso de investidura contradice, asimismo, la realidad de EITB. Tras proponerse hacer del ente "un servicio público plural y de calidad", el equipo de Alberto Surio se ha enfrentado a la reprobación de compañeros como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que ha rechazado la proposición no de ley aprobada por PSE, PP y UPyD en contra de dar voz a la izquierda abertzale ilegalizada en la cadena pública. Además, un informe de Aztiker ha puesto al descubierto que incumple la distribución de tiempos en función de la representación parlamentaria requerida por el propio socialismo en 1993, ya que el PSE-PSOE centraliza el 70% del tiempo en ETB1 y ETB2 frente al 21,9% del PNV, la lista más votada, y a quien le correspondería un 38%. Sobre el autogobierno, el lehendakari no se ha mostrado más consecuente, pese a que destinara a la materia buena parte de la alocución que dedicó a la Cámara. "Iniciaremos conversaciones con el Gobierno central para asumir la transferencia de las políticas activas de empleo", "trabajaré desde el primer día de mi mandato para revitalizar el Estatuto de Gernika y, para ello, lo primero que haré será defenderlo, consciente de que esta es la primera obligación de un lehendakari", "tengo la ambición de dar un impulso al desarrollo del Estatuto hasta su plena culminación poniendo en marcha un proceso de reflexión con todas las fuerzas parlamentarias sobre su futuro", "defenderé en todo momento los intereses de Euskadi ante la Administración del Estado, y lo haré con vigor y decisión, sin miedo a discrepar cuando sea necesario". Ha pasado al olvido.
En este sentido, López se ausentó durante la votación de la protección del Concierto Económico -estaba de boda en Cádiz-, vio cómo el PNV abordaba con el PSOE la negociación de las políticas activas y el cierre de los traspasos que prometió liderar, y ni siquiera habría contribuido a la causa, al mostrar más de una pega esgrimiendo la supuesta ruptura de la caja única y alineándose con la postura inicial de un Gobierno español ante el que prometió defender los intereses de Euskadi a pesar de que tuviera que discrepar. Los jeltzales aún esperan una respuesta a la iniciativa de crear un nuevo marco. Se la propusieron hace más de un año.