vitoria. La Comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción dirigida por altos cargos del PNV recibió ayer a dos de los principales actores del reparto de imputados por el juez Roberto Ramos. El exmiembro del ABB Koldo Otxandiano, socio de Alfredo de Miguel y de Aitor Telleria en la supuesta empresa tapadera Kataia Consulting; y Jon Iñaki Etxaburu, administrador de Urbanorma Consulting, la firma que recibió la adjudicación de la ampliación del parque de Miñano, acudieron a la Cámara, pero no declararon.

Ambos hablaron, pero para negarse a responder a las preguntas de los parlamentarios apelando a que el proceso judicial sigue abierto y para reivindicar su inocencia.

Otxandiano siguió la línea de su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia, que el 12 de enero leyó un comunicado en el que afirmaba haber acudido al Parlamento "por respeto a la institución" y se negaba a responder tras haber elegido entre su derecho a la defensa y el de la Cámara a indagar en las presuntas irregularidades.

Por su parte, Etxaburu, afiliado al PNV, también leyó un texto en el que se desvinculó del contrato firmado entre el Parque Tecnológico, dirigido entonces, en 2006, por Alfonso Arriola; y Urbanorma Consulting. La otra administradora de esta sociedad, Ainhoa Alberdi, destapó la supuesta trama al denunciar en el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria que Alfredo de Miguel y Aitor Telleria le extorsionaron a ella y a su familia para cobrar una comisión de 120.000 euros por haber adjudicado a dedo a Urbanorma la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

La denuncia, tras varios meses de investigación, desembocó en la detención de ocho presuntos implicados en la trama, entre ellos Otxandiano y Etxaburu. A su vez, las pesquisas de la Ertzaintza llevaron a los agentes a encontrar nuevas ramificaciones del caso Miñano, como el presunto espionaje a políticos del PP y el PSE por orden de Aitor Telleria, las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos por parte del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, o la recalificación de 1,2 millones de metros cuadrados en Zambrana para levantar un polígono industrial.

Aunque en principio no hay indicios de que la operación fuera irregular, las Juntas Generales alavesas crearon una Comisión de investigación que ya ha aprobado sus conclusiones y que pidió documentación a las diputaciones alavesa y vizcaína sobre las empresas implicadas en el proyecto de Zambrana. La institución que dirige José Luis Bilbao se negó, y ayer el candidato del PSE a diputado general de este territorio, José Antonio Pastor, acusó a esta Diputación de tener "algo que ocultar".