Vitoria. 38 días después de que este periódico publicara que Ana Urchueguía había adquirido una finca de un millón de metros cuadrados a Asodecom, la ONG que tutelaba desde Lasarte, y 39 días después de que lo negara por activa y por pasiva en una entrevista en GRUPO NOTICIAS, la delegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú reconoció ayer en el Parlamento Vasco que "la compra no fue muy prudente por mi parte, pero como me lo ofrecieron...".
Fue la nota más destacada de una comparecencia en la que la exalcadesa de Lasarte-Oria evitó por todos los medios a su alcance responder a las múltiples preguntas directas que le realizaron los grupos de la oposición, especialmente los portavoces del PNV, Andoni Ortuzar; Aralar. Oxel Erostarbe; EA, Juanjo Agirrezabala; y Ezker Batua, Mikel Arana.
En su esperada comparecencia, Ana Urchueguía ratificó las informaciones publicadas por GRUPO NOTICIAS sobre la compra de la finca a Asodecom y sus otras cuatro propiedades inmuebles en Somoto y en ningún momento fue capaz de desmontar ni una sola de las informaciones que este periódico ha ido publicando desde el pasado 26 de febrero.
En una intervención repleta de contradicciones y con sentencias que rayaban el asombro, como cuando afirmó que "la cooperación hecha en Somoto ha sido eficaz por el control exhaustivo", Urchueguía ratificó lo publicado por este periódico sobre su compra de la finca del millón de metros cuadrados a Asodecom por la que, según ella, "pagué 60.000 dólares con un crédito pedido a la Kutxa". Hay que recordar que este periódico aportó el documento del registro de la propiedad del Departamento de Madriz, donde consta que la compra se efectuó por "once millones de córdobas equivalentes a 60.000 dólares", dos cantidades contradictorias entre sí, ya que los once millones de córdobas equivalen a 600.000 dólares.
Urchueguía, que tiñó su intervención con tintes melodrámaticos del estilo de "soy una mujer que llevo trabajando desde los 13 años y he estado 25 años de alcaldesa y seis como concejala", se sumó a las teorías de Patxi López asegurando que todas las informaciones publicadas forman parte de "una trama, un folletín barato" contra su persona por parte del GRUPO NOTICIAS y afirmó que el lehendakari "no mintió" en su intervención del pasado 4 de marzo en sede parlamentaria.
Como hizo el lehendakari, Urchueguía trato de convencer a los parlamentarios de la Comisión de Acción Exterior, sin mucho éxito, de que el informe fiscalizador del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre el Ayuntamiento de Lasarte-Oria de 2004, que dedica una línea en la página 49 de las 65 de las que consta el informe a las ayudas a la cooperación, "dejó todo muy claro".
Sin embrago, Ana Urchueguía prefirió pasar por encima de la comisión ProSomoto y de los pagos que realizaban numerosos empresarios con contratos con Lasarte, bien a través de la citada comisión, bien en metálico, en algunas ocasiones con sobres en dólares, tal y como publicó ayer GRUPO NOTICIAS "por ser acusaciones gravísimas que tendrán que demostrar".
A pesar de los reiterados requirimientos de los grupos de la oposición, Ana Urchueguía no pudo, no quiso o no supo contestar si había declarado todas sus propiedades en la Declaración de Bienes que tenía que realizar como cargo público.
Omitió responder si había declarado también sus propiedades a la Hacienda guipuzcoana o si había declarado sus transacciones de movimientos de capitales en las aduanas correspondientes. Olvidó, omitió o no supo contestar a los 35 informes que emitió el interventor de Lasarte, en los que consta que hay casi 400.000 euros sin justificar en proyectos de cooperación entre los años 2005 y 2008. Tampoco supo aclarar por qué había ayuntamientos españoles que la citaban como "presidenta de Asodecom".
Aseguró que el hecho de que casi el 18% de los inmigrantes nicaragüenses que hay en el Estado se encuentren en Gipuzkoa "se debe al efecto llamada". No aclaró por qué las obras en Somoto no salen a licitación, ni quiénes son los titulares de las cuentas privadas que recibían gran parte de las ayudas. En definitiva, toda la información de este periódico se trata de "un montaje" y el hecho de que no haya documentación se debe a "que los procesos de facturación no son como en España, porque son países muy distintos". 39 días de espera para no aclarar absolutamente nada, en esta ocasión ante el Parlamento Vasco.