vitoria. El último punto del último Pleno de la legislatura en las Juntas Generales alavesas giró ayer en torno al caso Zambrana, que marcó un antes y un después en los cuatro años de Gobierno de Xabier Agirre y al que ayer el legislativo alavés dio carpetazo. Lo hizo aprobando un dictamen de su Comisión de investigación que no ha llegado hasta donde los partidos querían, pues la falta de colaboración no ha sido, al final, menor que la sufrida en el Parlamento Vasco.
En todo caso, PSE, PP, EA, EB-Aralar y la izquierda abertzale tradicional consideran que se han detectado irregularidades e indicios suficientes como para remitir sus conclusiones a los tribunales.
No lo cree así el PNV, que ayer trató de desmontar un dictamen en el que se relaciona al Araba Buru Batzar con la fallida recalificación de Zambrana en cada ocasión en la que es posible hacerlo. El juntero jeltzale Ramiro González guardaba un as en la manga, reveló la existencia de una carta remitida por el técnico Javier Gatón al presidente de la Comisión, Javier Ruiz de Arbulo, en la que denunciaba que PSE y PP habían manipulado su testimonio sobre la opinión técnica de la institución foral en torno a la recalificación. "Las conclusiones son una burda manipulación basada en lo que dijo este técnico", afirmó González.
En todo caso, el dictamen recabó el apoyo de todos los grupos salvo el propio PNV y EB-Aralar, que rechazó estampar su firma en un texto que considera cargado de intencionalidad electoral. "Hay un exceso en el informe en la parte de los hechos consumados, se cargan las tintas al hablar del ABB, y el PNV en sus enmiendas hace todo lo contrario, intenta eliminar eso y algo más, y trata de embarrar el campo", afirmó el juntero de Aralar Iñaki Aldekoa, quien defendió con vehemencia la actuación del diputado general en todo este asunto, "a pesar de que nos echó del Gobierno".
La popular Marta Alaña aseguró que el dictamen se basa en las declaraciones de dos o más personas y en la documentación recabada, y recalcó que "por primera vez en la historia las conclusiones de una comisión de las Juntas van a ir a los tribunales". Alaña, por otro lado, insistió en que los cargos forales Izaskun Martínez de Lahidalga e Iñaki Nafarrate "cooperaron necesariamente" con el exdiputado de Administración Local Alfredo De Miguel con su apuesta por la recalificación en la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
En cuanto a las referencias al ABB, recordó que a este órgano pertenecían "De Miguel -imputado-, el marido de la alcaldesa de Zambrana -Miguel Ángel Redondo-, Aitor Telleria -imputado-, Koldo Otxandiano -imputado- e Izaskun Martínez de Lahidalga".
"dudosa legalidad" Por su parte, la procuradora socialista Cristina González admitió que la Comisión de investigación "no ha detectado delito", pero "irregularidades las hay. ¿No es una irregularidad que De Miguel -continuó González-, siendo ya diputado de Administración Local, se reuniera con los inversores y les dijera que todo iba bien?".
Mientras, el juntero de ANV Aitor Bezares no dudó de que el dictamen busca el "desgaste político", pero calificó de "red casi institucionalizada" al grupo de personas que promovió la recalificación de Zambrana, una red que a su juicio ha funcionado "durante décadas con el PNV al frente". Bezares admitió que "no se concluye la comisión de delito alguno" en el dictamen aprobado ayer, pero aseguró que "este proceso está cargado de decisiones de dudosa legalidad".
Finalmente, Patxi Martinez de Albeniz, de EA, consideró que los hechos investigados por las Juntas Generales "son de auténtica denuncia judicial", y expresó lo que en su opinión ha sido el caso Zambrana. "Unos supuestos chorizos han estafado varios millones a unos codiciosos inversores con la prepotencia que da estar cerca del poder", resumió.
