madrid. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido un informe en el que insta a España a "tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales" que, "en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas" de extranjeros.
Esta es una de las principales recomendaciones del documento en el marco del examen sobre España en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El Comité pide revisar la Circular policial 1/2010 en la que se consignaban cupos de detención de inmigrantes, y reformar aspectos de la ley en materia de extranjería "que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros".
Además, el Comité pide al Gobierno que "revise" la Ley de Extranjería porque las disposiciones relativas a extranjeras de víctimas de violencia machista "son discriminatorias" contra las mujeres que padecen malos tratos y están en situación irregular.
El Comité también expresa su "preocupación" por las personas que tras cumplir 60 días encerradas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente. En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte "las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión".
Otro de los aspectos que preocupa a la ONU son las aulas de niños migrantes y gitanos que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para atender a este alumnado y que el Comité denomina escuelas gueto. Además, recuerda que la Ley Orgánica de Educación prevé mecanismos que posibilitan una "adecuada y equilibrada" distribución de los estudiantes.
Por este motivo, recomienda al Estado español que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una "efectiva" distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares.
También insta al Estado español a que "revise" diferentes métodos de determinación de edad e "inviertan" en la puesta en marcha de "pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores".
