sevilla. La titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los presuntos ERE irregulares, admitió la personación como acusación en la causa de la Junta de Andalucía, que dejará de pagar las prejubilaciones falsas y reclamará su reintegro.

Así lo anunció la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que dijo que esto va a permitir exigir responsabilidades civiles y penales porque la Junta "es una de las principales perjudicadas en este caso".

Moreno anunció que el Gobierno regional iniciará "en breve" un procedimiento por el cual se dejarán de pagar las prejubilaciones "falsas o fraudulentas" e insistió en que la Junta "ha denunciado y destapado" a presuntos culpables y que su objetivo es "recuperar" el dinero.

El procedimiento supondrá "paralizar" las prejubilaciones de los 59 casos que la Junta tiene identificados como "ajenos a las empresas o presuntos intrusos", a los que pedirá el reintegro de las cantidades. No obstante, hay otros 87 casos que considera "discrepancias administrativas" sobre los que no tiene la certeza total.

Sobre la próxima imputación del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, comunicada por la juez Mercedes Alaya, la consejera de la Presidencia mostró su "respeto" por la decisión judicial y por la presunción de inocencia.

Pese a la imputación del exconsejero de Empleo, el Gobierno andaluz sigue insistiendo en que la "culpabilidad" de las irregularidades se sitúa en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al que responsabiliza de "saltarse" los controles y el procedimiento para la concesión de las ayudas.

El exconsejero de Empleo aparece como beneficiario de una póliza de seguro financiada por la Junta, un aspecto sobre el que la portavoz explicó que Fernández ofreció explicaciones sobre su prejubilación, que figura entre los prejubilados ajenos a las empresas y que "ya no tiene ningún derecho a percibir esta póliza".