delegado del gobierno en euskadi
vitoria. El Gobierno le va pidiendo demandas a Sortu cada vez que sucede algo.
Parece que se mueven más por la exigencia que por convicción. Lo que tendrán que juzgar los tribunales no es si ese mundo es el mismo que el anterior, que ya han dicho que sí, sino si han roto con lo anterior. Tendrán que convencer a la Justicia de que han cambiado, porque aquí son los jueces los que deciden.
Pero el Gobierno presidido por Zapatero ha sido el primero en recurrir la inscripción de Sortu.
El mundo de Batasuna, la izquierda abertzale, tiene marketing y publicidad, son capaces de hacer cosas para que hablemos todos de ellos, pero no tienen credibilidad. Han dicho muchas veces cosas y luego la realidad les hace hacer otras.
Le estoy escuchando a usted y no se parece en nada al discurso que defendió Patxi López el pasado fin de semana.
Yo no veo muchas contradicciones entre lo que dice Patxi López y lo que digo yo. Es lo mismo. La exigencia que se hace a Sortu es una exigencia de que rompa definitivamente con ETA.
La
Hay la posibilidad de una apelación y la Justicia acaba cuando se acaba esa apelación. Sinceramente, seguiré diciendo que creo antes a la Guardia Civil que a un terrorista.
Pero lo que menos importa es si el torturado es terrorista o no, porque aunque lo sea sigue manteniendo sus derechos humanos.
Sin ninguna duda, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, ésa es la grandeza de la democracia. Siempre resalto una cosa que es importante, la tortura está prohibida en nuestra Constitución y a los policías y a los guardias civiles les matan por defender la Constitución, ése es el cuadro en el que nos movemos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado por segunda vez en seis meses al Estado español por no investigar denuncias de torturas.
Eso lo que supone es que funciona el Estado de derecho. Con todas las denuncias que hay de torturas ha habido dos casos donde un juez europeo ha considerado que en España los jueces no han investigado suficientemente.
Si condenan al Gobierno español, lo que significa exactamente es que al menos en dos casos no ha funcionado el Estado de derecho.
Cuando se condena la actuación porque no ha habido garantías procesales a quien se condena es al Estado, y se condena a que indemnice al Estado no a los jueces.