A lo largo de la última semana, DNA ha dado cuenta de una investigación periodística en la que se dan a conocer ciertas irregularidades cometidas en la gestión de las ayudas a la cooperación que el ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte-Oria ha enviado desde 1997 hasta 2008, ambos años inclusive, al municipio nicaragüense de Somoto.

En esta investigación, que todavía no ha concluido, ha quedado demostrado que el modo de proceder de la exalcaldesa de Lasarte-Oria y actual delegada del Gobierno vasco en Chile y Perú, la socialista Ana Urchueguía, no se adecua con los protocolos normalmente establecidos en el ámbito de cooperación.

Para arrojar algo de luz en este sentido, este diario ha consultado con diversos expertos en el ámbito de las buenas prácticas en cooperación internacional para explicar por qué Ana Urchueguía ha traspasado los límites designados, incluso, por la ley en más de una ocasión.

Cooperación directa. No más del 10% de los fondos

La Ley Vasca de Cooperación, en su artículo 9.3, limita la cooperación directa entre donantes y beneficiarios, sin intervención de una ONGD, al 10% del total de los fondos de la ayuda. El objetivo es evitar que la cooperación se ensombrezca por una falta de transparencia. Sin embargo, y según datos contrastados, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria no ha cumplido esta condición bajo el mandato de Urchueguía. En los años 2005 y 2006, el Consistorio utilizó más del 60% en cooperación directa, siendo del 48% en 2007.

Posteriormente, el propio Ayuntamiento no ha aportado más datos al respecto. Además, en contra del proceder de la mayor parte de los ayuntamientos vascos que colaboran con subvenciones al desarrollo de los países más pobres, Lasarte-Oria no ha solido hacer convocatorias públicas para que las ONGD pudieran presentar sus propuestas. Y al otro lado del charco resulta inquietante que las socias receptoras de los fondos no hicieran licitaciones para la adjudicación de obras, sino que se encargaran a un mismo empresario.

Decreto de alcaldía. Ana Urchueguía como única autoridad competente

La modalidad de cooperación directa ha contribuido a que Ana Urchueguía se hiciera con el control de las ayudas, una situación que llega al culmen cuando en el año 2000 se autodesigna mediante un decreto de alcaldía como la única persona autorizada para dar información de los proyectos que se llevan a cabo en la capital del Departamento de Madriz.

Según los expertos consultados, esto choca con la realidad "habitual" de los consistorios donde la responsabilidad y control de la cooperación es competencia de la concejalía de Bienestar Social. Esta suele contar con el apoyo de un técnico, aunque en el caso del Ayuntamiento guipuzcoano no se contrató a un experto en esta materia hasta 2008. Precisamente, este trabajo conjunto llevado a cabo entre el interventor y el técnico dio lugar a varios informes en los que daban cuenta de las "irregularidades" cometidas en la gestión y la falta de justificación del dinero enviado a diversos proyectos para la cooperación.

Asodecom y ohlos. De una ONG con propiedades a una entidad sin apoyo jurídico

Gracias a las escrituras obtenidas por este diario del Registro de la Propiedad Inmueble del Departamento de Madriz, se comprobó que la ONG Asodecom cuenta con, al menos, doce propiedades inmuebles. Además, hasta 2007 dispuso de otra propiedad más, de 980.000 metros cuadrados, que Ana Urchueguía adquirió posteriormente. Actualmente, no se tiene constancia del destino que Asodecom está dando a dichas propiedades.

Asimismo, las prácticas de buena cooperación no contemplan que la socia local receptora de la ayuda utilice, como parece quedar demostrado, parte de sus ingresos para realizar inversiones inmobiliarias, llegando a acaparar diez fincas rurales y dos urbanas, todo ello, por si no fuera suficiente, sin la menor transparencia acerca del uso real de tales propiedades.

La buena cooperación, según señalan los expertos consultados, orienta sus fondos a proyectos perfectamente identificados, siempre para beneficio de las poblaciones empobrecidas y con el deber de rendir cuentas con informes financieros y narrativos e, incluso, con auditorías. En Lasarte-Oria no fue hasta finales de 2009 cuando se encargó la elaboración de una auditoría de OHLOS, coincidiendo con la gestación de la comisión de investigación y tras denunciar el interventor las irregularidades manifiestas en la gestión. Es decir, a posteriori.

Cabe matizar, por otro lado, que OHLOS ha recibido un millón y medio de euros procedente de Lasarte-Oria, siendo una entidad no registrada legalmente como asociación en Nicaragua, lo que resulta ser "una práctica insólita y anormal en cooperación internacional".

Propiedades en Somoto. Violación del código de conducta de la cooperación

La compra de propiedades en Somoto por Ana Urchueguía representa una "violación del código de conducta de la cooperación internacional", según advierten los expertos consultados. Este código aconseja a las instituciones donantes y a las ONGD internacionales practicar la austeridad y evitar en todo momento agravios a las poblaciones beneficiarias. Aún más insólito resulta, en este contexto, la compra realizada por Ana Urchueguía a Asodecom.

Queda en la sombra, por ahora, el origen de los fondos con los que Ana Urchueguía ha hecho sus operaciones de compra. De ser suyos, habría que ver si dichos fondos han llegado a Nicaragua por vías legales. En todo caso, parece prudente y necesario que haga una declaración de bienes, que es de obligado cumplimiento para todos los cargos electos antes de tomar posesión de sus actas.

A este respecto, en 2008 la concejala de la Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria (OHLOS), Ana Prieto, solicitó la declaración de bienes de Urchueguía, pero su petición fue rechazada por el secretario municipal. El pasado lunes, ante las informaciones publicadas por DNA y el resto de medios de GRUPO NOTICIAS, los grupos de la oposición volvieron a requerir la declaración de bienes, solicitud que aún no ha sido contestada.

La pareja Ana-Marcio. Una cooperación unida al ámbito personal

De la información publicada por este diario se desprende que Asodecom fue fundada bajo el liderazgo del señor Marcio Rivas, pareja sentimental de Ana Urchueguía. De las operaciones de compraventa realizadas por esta asociación surgen indicios de "creación de asociación para delinquir", apuntan los expertos, que convendrían explicar.

Tampoco permiten las prácticas de buena cooperación, ni consienten ni contemplan, que la institución donante o las ONGD en el terreno utilicen sus proyectos para impulsar carreras electorales haciendo promesas y captando voluntades. No hay que olvidar que Marcio Rivas logró la alcaldía de Somoto en 2004 con un programa basado únicamente en proyectos de cooperación.

El código de buenas prácticas, y el sentido común, tampoco justifican la conducta observada en Urchueguía y mostrada por los vídeos de Youtube, que puede catalogarse desde autoritaria hasta amenazante, pasando por humillante, paternalista, discriminatoria, clientelar y de cariz neocolonial. Solo por esta conducta, algunos opinan que debería haber sido apartada de cualquier cargo público, sin embargo, no sólo no lo han hecho, sino que el viernes el lehendakari le volvió a brindar su apoyo.