Donostia. "¿A dónde va nuestro dinero?". Es lo que muchos ayuntamientos se preguntaron cuando salió a la palestra que la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria en Somoto no tenía personalidad jurídica. La respuesta se puede decir que no ha llegado todavía, porque aparte de la irregularidad aparente de dar dinero a una entidad sin personalidad jurídica, algunos de los proyectos no han sido debidamente justificados.
Como ejemplo, la remodelación del Parque Central de Somoto. Casi el 100% del coste de este proyecto ejecutado por la OHLOS no está justificado, según establece el interventor de Lasarte-Oria en un informe de fiscalización del citado proyecto. En el documento se establece que la OHLOS debería devolver al Ayuntamiento de Lasarte-Oria -algo que no ha realizado todavía- 52.156 euros, de un costo total de 56.719,5 euros.
"La ejecución de los trabajos del proyecto se justifican únicamente con la presentación de un contrato y no en facturas, realizándose abonos directos por importe de 52.155,86 euros", dice el informe. En realidad, del importe total sólo se justifican 20 euros del coste de la comisión de transferencia, porque el resto del dinero, 4.543,5 euros proceden de un desvío de dinero de otro proyecto de viviendas urbanas. Y éste no es el único ejemplo.
¿Cuánto cuesta el local? Desde la propia creación de OHLOS, se ha puesto en duda su transparencia. Prueba de ello, como citó el lunes la concejal de la Plataforma de Lasarte-Oria, Ana Prieto, tras la reunión de la comisión de investigación, fue la adquisición del local que alberga la propia oficina. "El Ayuntamiento de Lasarte-Oria compró un inmueble para la oficina en el año 2001 con un costo de 7.800 dólares, pero la escritura de compra se hizo por un importe de 6.000 córdobas", recordó.
¿Por qué una diferencia tan importante si, en realidad, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria había destinado una partida de 12.000 dólares para la adquisición del local? Las cuentas no cuadran. Lasarte da 12.000 dólares, el recibo de pago habla de 7.800 dólares y la escritura de 6.000 córdobas (459 dólares al cambio). Además, tiene que ir Ana Urchueguía en persona a comprar el local, puesto que la oficina no tiene entidad jurídica.
Todo este desaguisado despierta las sospechas del interventor a finales de 2001. No obstante, no es hasta septiembre de 2002 cuando en un acta de la comisión de Economía y Hacienda de Lasarte-Oria se rectifica lo que se ha descrito como un "problema de tipo administrativo" por el que "en consecuencia entre el importe asignado y la compra realmente efectuada hay una diferencia de 4.200 dólares (unas 751.632 pesetas al cambio de aquella fecha)". Al final, se justifica esa diferencia para cubrir el desembolso de 8.400 dólares que supuestamente ha costado adecentar el local. Las cuentas siguen sin cuadrar.
