madrid. La Fiscalía General del Estado confirmó ayer el guión previsto ante la posible legalización de Sortu: tras analizar los informes enviados por Interior y los estatutos registrados por la nueva marca de la izquierda abertzale, dejerá la decisión final en manos del Tribunal Supremo, ante el que presentará una demanda incidental para instar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos antes del próximo 11 de marzo, dejando así sin apurar los plazos legales de los que disponía.

"Tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior" en los dos días con los que ha contado para estudiar toda la documentación presentada, para la Fiscalía, la cuestión no ofrece dudas: Sortu "es una continuación de Batasuna", que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en marzo 2003, y por lo tanto debe seguir el mismo camino.

el antecedente y los plazos El antecedente más reciente del proceso que se iniciará en el alto tribunal es el incidente de ejecución de sentencia presentado contra Abertzale Sozialisten Batasuna en 2007 que dio como resultado que el Tribunal Supremo impidiera el registro de esta marca por primera vez, ya que el resto de formaciones presentadas por la izquierda abertzale han sido ilegalizadas o impugnadas sus listas una vez elaboradas.

En aquella ocasión, las demandas de Abogacía del Estado y la Fiscalía fueron presentadas ante el Tribunal Supremo el 3 de abril y el Supremo no dictó sentencia hasta el 22 de mayo, un mes y medio después.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones subraya la importancia que están llamados a cobrar los diferentes plazos de los que cada parte dispondrá en este procedimiento. Una vez presentada la demanda, el alto tribunal emplazará al partido impugnado, que tendrá 8 días para personarse. Una vez realizado este trámite, el Supremo tendrá que decidir si admite la demanda o demandas presentadas contra Sortu (sin plazo) y, de ser esta decisión positiva, dará 20 días a las partes para que presenten las correspondientes alegacioes. Tras ello, comenzará un periodo de prueba con sus consiguientes periodos de alegaciones, que serán de 20 días consecutivos para cada una de las partes. Transcurrido el plazo de las alegaciones, la Sala del 61 del Tribunal Supremo tendrá 20 días para dictar su sentencia, lo que dibuja un futuro inmediato pegado al calendario.

"impedir" el plan b El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, opinó ayer sobre la posibilidad de que el sector que representa Sortu esté ante las urnas. Y lo hizo para afirmar que "suena razonable" la decisión tomada por la Fiscalía y mantener intacta la linea dura que ayer mismo insistía en exigirle el PP.

Que sus promotores trataran de recurrir a un plan B para estar en las elecciones si Sortu es ilegalizado no sería para él "ninguna novedad", aunque ayer sus portavoces rechazaran esta vía. Y, ante esta posibilidad, Rubalcaba advirtió sin ambages: el Gobierno está "preparado para impedirlo", refiriéndose así a la reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General aprobada en el Congreso.