Vitoria. Pese a que PSE y PP coinciden tanto en el diagnóstico como en el tratamiento que precisa Euskadi para acabar con la violencia, hasta el punto de ser la base de su pacto de Gobierno, el punto de inflexión que ha supuesto la aparición de Sortu ha despertado diferencias entre los firmantes del acuerdo de bases, ya latentes desde que la izquierda abertzale anunció que renunciaba a la violencia como medio lícito para obtener fines políticos. Socialistas y populares reprodujeron ayer en el Parlamento esos diferentes puntos de vista que ya el martes, con la presentación del nuevo partido, dejaron patentes sus principales dirigentes.

La Comisión de Derechos Humanos fue la puerta por donde se coló en la Cámara el debate sobre la sinceridad de la apuesta de Sortu, a cuenta de una moción del PP. El texto, aprobado con el apoyo del PSE, pide al Ayuntamiento de Ibarra (PNV) la retirada de las ayudas a familiares de presos de ETA y al Gobierno central que acuda a los tribunales si este Consistorio sigue adelante con estas subvenciones.

Si para el parlamentario del PP Carlos Urquijo, representante de la línea más inflexible de los conservadores con la izquierda abertzale, la nueva formación que ayer se registró en Madrid no es sino "las caras y los caras de siempre", desde el PSE se invitaba a Sortu, eso sí, desde la desconfianza, a trasladar su apuesta por la asunción de los cauces legales a las prisiones. "¿Por qué no llevan a cabo una labor proactiva en las cárceles para indicar a los presos que solicitan soluciones colectivas que cumplan la ley para posibilitar su acercamiento y el acceso a mejoras penitenciarias?" se preguntó el portavoz del PSE, Jesús Loza, para quien la izquierda abertzale "cotiza en números muy rojos".

Loza cree que uno de los "hechos" que los socialistas exigen a Sortu para contar con "credibilidad" bien podría ser esa apuesta por la reinserción de los reclusos de ETA, que a su juicio sigue tutelando al colectivo y le impone "permanecer en primer grado mientras dure la condena". Loza invitaba así a la izquierda abertzale a avalar públicamente la estrategia de ruptura del colectivo de presos puesta en marcha por el ministro Rubalcaba, duramente criticada por el PP, y a la que se han acogido significativos reclusos de la organización como Jose Luis Álvarez Santacristina, Txelis; Kepa Pikabea, Valentín Lasarte o Joseba Urrosolo.

Por parte del PNV, que gobierna en Ibarra, Maribel Vaquero negó que las ayudas a familiares de presos vulneren la Ley de Víctimas, como aseguraba Carlos Urquijo, pues la ordenanza de la localidad "está dirigida a familiares de personas penadas o en prisión preventiva en centros de fuera de Euskadi", lo que incluye también a presos comunes. Vaquero recordó además al PSE que recientemente sus concejales en Azkoitia y Oñati han aprobado iniciativas similares.

Desde Aralar, Aintzane Ezenarro defendió las ayudas que presta Ibarra, y entró también a valorar la aparición de Sortu como "un paso importante que se venía reclamando desde hace muchos años", y por ello dijo entender la "incredulidad" de algunos grupos ante el hecho de que "por primera vez se ha explicitado el rechazo a ETA". Mikel Arana, de Ezker Batua, rechazó la propuesta del PP alegando que los ayuntamientos tienen capacidad para establecer este tipo de ayudas, y valoró los postulados de Sortu en la misma línea que Jesús Loza.

Arana considera que si la izquierda abertzale ha optado por trabajar dentro de la Ley de Partidos los presos de ETA deberían poder acogerse como colectivo a las medidas de reinserción que establece la Ley.