MADRID. Así lo ven varios expertos y juristas consultados por Efe, como el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Javier Corcuera, que recuerda la jurisprudencia aplicada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para avalar la ilegalización de Batasuna porque era "lo mismo" que ETA.
¿Sería razonable pensar que no va a haber una vuelta a las andadas y que, mientras exista, ETA puede reclamar su protagonismo?
Esa es la pregunta fundamental para Corcuera, que cree que permanecen los riesgos de "utilización torticera" de la ley por parte del nuevo partido para conseguir los "evidentes beneficios" que les puede reportar concurrir a unas elecciones.
Con él coincide el profesor titular de Derecho Constitucional de la UPV/EHU Javier Tajadura, para quien el tema de los estatutos "carece de importancia" porque "Batasuna fue ilegalizada no por causa de ellos, sino por constituir un único sujeto real con ETA".
"Aun con los mejores estatutos del mundo, si la Fiscalía considera, y creo que hay razones para ello, que esa identidad no se ha roto, y que se trata de una nueva maniobra fraudulenta para evitar los efectos de la ilegalización, deberá instar al Tribunal Supremo para que impida la inscripción del nuevo partido, por no ser sino un sucesor del ilegalizado", sostiene.
En ese argumento insiste también el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Pablo Santolaya, que apunta que -como dijo Estrasburgo- los estatutos no son suficientes sin tener en cuenta el conjunto de las actuaciones de un partido y sus miembros.
No obstante, Santolaya cree que el rechazo a la violencia terrorista es un avance hacia la legalización que puede hacer difícil jurídicamente impedir a un partido presentarse a unas elecciones, sobre todo si aparenteente aparecen "limpios".
Cuanto más contundente sea ese rechazo, más complicado será mantener la situación de ilegalidad, dice Santolaya, que apela a la "prudencia" para ver si se confirma con hechos en los próximos años.
Un rechazo "genérico" no es suficiente tampoco para el profesor Tajadura, que considera que la clave está en una "condena expresa de toda la violencia pasada", que hoy por hoy no se ha producido.
"Si esa identidad se ha roto y dicen: 'hemos cambiado, no somos los de antes', esa condena sería un contraindicio a favor de la legalización", destaca.
A esto, el catedrático Javier Corcuera añade el hecho "obvio" de que se trata de un partido impulsado por personas que "hasta ayer" estaban en la ilegalizada Batasuna.
Demasiados elementos, según los juristas, que pueden confirmar la "continuidad" contemplada en la Ley de Partidos Políticos como causa de ilegalización o disolución.
La doctrina del Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo plantea como exigencia para limitar el derecho fundamental a la participación política y prohibir la inscripción de un partido que sea una medida "necesaria para la sociedad democrática", algo que se cumple también en este caso, según Corcuera.
"Hay argumentos y el más consistente es que el fantasma de la vinculación con ETA se mantiene. El papel aguanta todo y todo lo que dicen (los estatutos de Sortu) no importaría nada" porque el problema es la existencia de ETA, que debe disolverse, resalta este constitucionalista.
