El Gobierno español impedirá la legalización pese a incluir el rechazo a ETA en los estatutos

Según las fuentes consultadas, va a haber un distanciamiento claro con respecto a la organización armada, en línea con los pronunciamientos realizados en los últimos meses por los portavoces de la antigua Batasuna. Desde la declaración de Altsasu en noviembre de 2009 y especialmente a partir de abril del pasado año en que las bases con un 80% de los votos respaldaron el documento base Zutik Euskal Herria que, entre otros argumentos, recogía la apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas y la renuncia a todas las expresiones violentas.

La alusión directa a ETA -que, según estas fuentes, en ningún caso sería de condena ni de renuncia al pasado de la izquierda abertzale, ya que esto supondría un acto de rendición- supondría un paso relevante de cara a desmarcarse a la violencia de la organización armada ante un futuro atentado, posibilidad que, por otra parte, descartan absolutamente. En cualquier caso no parece que sea suficiente a los ojos del Gobierno español que ya ha avanzado que impedirá la presencia de esta nueva formación en las urnas. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, expresó su convicción de que los tribunales no permitirán que sea legal el nuevo partido salvo que manifieste sin ambages, de forma "irreversible, tajante y para siempre" que condena la violencia y rompe con ETA, sentenció en declaraciones a la Cadena SER. Según el ministro de la Presidencia, "una declaración jurídica más o menos hábil" no podrá romper la jurisprudencia al respecto, ya que, a su juicio, Batasuna es un partido ilegal porque "es parte de ETA". En este sentido, añadió que será la Fiscalía la que a partir del miércoles, cuando se registren los estatutos en el Ministerio del Interior, comenzará a recabar información para comprobar si hay miembros "tapados" de Batasuna.

El Gobierno español tiene adoptada la decisión de impedir la presencia en las elecciones de la formación proscrita mediante la presentación de un incidente de ejecución ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo en un plazo de veinte días desde la incripción en el registro con los indicios que probarían un fraude ley por ser "herederos" de una formación ilegal. El alto tribunal no tiene un plazo de tiempo cerrado para dictar un auto pronunciándose acerca de si el partido cuya inscripción se pretende es sucesión o continuidad de los declarados ilegales. Incluso en el caso de que el Supremo no lo declare fraudulente, estos plazos no darían margen de tiempo al nuevo partido a ser inscrito con anterioridad al proceso electoral. En ese momento, se activaría el plan B de la izquierda abertzale ilegalizada para intentar presentarse a los comicios. La alternativa pasaría por la presentación de agrupaciones de electores para las municipales. Como ya adelantó este diario, el Gobierno español trabaja sobre esta posibilidad y, las fuentes de Moncloa consultadas, dan por asumido que se colarán algunas plataformas municipales. En las elecciones de 2007, el mundo de Batasuna logró, tras fallar en su intento de legalizar la marca Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), presentarse en más de un centenar de municipios, llegando a alcanzar hasta 42 alcaldías en Hegoalde.

Para las forales no se descarta la posibilidad de concurrir bajo el paraguas de otra formación, entre las que suena EA, con la que mantiene un acuerdo estratégico. Precisamente el pasado sábado, Pello Urizar dijo que no descarta una colaboración electoral con la formación ilegalizada. Todavía podría haber un tercera alternativa si fracasan lasa dos anteriores: pedir el voto a otra formación legal.