LOS fichajes estrella de los expresidentes Felipe González y José María Aznar por sendas empresas del sector energético han levantado ampollas en el Estado justo cuando la jubilación se ha puesto más cara en tiempo y dinero para el ciudadano común.

Los millonarios empleos que han conseguido tanto Felipe González como José María Aznar -el político conservador solicitó además acceder al Consejo de Estado, lo que le habría reportado otros 74.000 euros anuales, pero lo dejó cuando supo que no podía compatibilizar sus diferentes sueldos- han generado más indignación por cuanto la sospecha de que han accedido a esos puestos por su condición de expresidentes está más que generalizada.

Endesa abonará a Aznar alrededor de 200.000 euros anuales, mientras que Gas Natural pagará unos 125.000 a González, ingresos perfectamente compatibles con sus sueldos vitalicios de 80.000 euros anuales -no son estrictamente pensiones-, establecidos precisamente para garantizarles un retiro digno y ajeno a presiones o influencias externas. Además, los expresidentes cobran el 80% de su salario en los cuatro años siguientes a su cese.

En el Estado, por otro lado, los cargos públicos pueden cobrar indemnizaciones y pensiones de diferentes cargos sin tener que renunciar a ninguna de ellas. Así, políticos todoterreno como Pedro Solbes, que ha pasado por el Ministerio de Economía -en los noventa ocupó además otras carteras-, por el Parlamento Europeo y por el Congreso de los Diputados, ha cobrado tres indemnizaciones, una por cada cese.

reflexión en el Congreso En todo caso, los propios políticos españoles han empezado a reflexionar sobre las condiciones de que disfrutan y parecen dispuestos a responder a la crispación que hay en la calle por la reforma de las pensiones. Si bien, en principio, no se ha planteado el debate sobre los sueldos vitalicios de los expresidentes o sobre la acumulación de indemnizaciones, en el Congreso de los Diputados ya se ha empezado a trabajar para modificar las condiciones de cotización de sus señorías. Así lo explicó esta misma semana en Onda Vasca-Grupo Noticias el diputado del PP Alfonso Alonso, quien aseguró que "el proceso para acabar con el privilegio está en marcha".

Según Alonso, "es muy difícil explicar por qué un diputado estando siete u once años luego tiene derecho a que le complemente el Congreso de los Diputados hasta la pensión máxima, esto es difícil de explicar cuando a la gente le están diciendo que tiene que cotizar 38 años y medio y que además tiene que tener bases máximas en los últimos 25 años de su carrera laboral", afirmó el exalcalde de la capital alavesa.