madrid. La Audiencia Nacional autorizó ayer la expulsión de 13 de los 17 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero y que pidieron asilo político, al no existir "indicios que revelen que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico". Así lo acordó la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en un auto en el que dice no haber lugar a la suspensión de la ejecución de la orden expulsión acordada por el Gobierno.
La decisión de la Sala, que el lunes resolverá respecto a los otros saharauis que pidieron asilo político, se produce después de que el pasado miércoles ordenara paralizar la expulsión, prevista para ese día, hasta que se resolviera el recurso que interpusieron contra la decisión del Gobierno de devolverlos a su lugar de origen.
La Audiencia Nacional adoptó esta decisión como "medida cautelarísima" de urgencia ante la inminencia de las expulsiones, que le habían sido anunciadas al tribunal para ese día por el inspector jefe accidental de la Comisaría de Puerto del Rosario (Fuerteventura), que advertía que de no recibir respuesta se procedería a su ejecución. De hecho, mientras se dirimía esta cuestión, los 17 saharauis fueron trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros para proceder a su expulsión. Algunos de los saharauis que recurrieron ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de denegarles el asilo alegaron haber estado en el campamento de protesta de Gdeym Izik, desmantelado el 8 de noviembre por la autoridades marroquíes.
A este respecto, el tribunal señala que ese campamento "no surgió cono reivindicación política sino debido a las condiciones socioeconómicas del pueblo saharaui". Tampoco cree que haya razones "para pensar que, por haber pretendido llegar a España procedente del campamento, las autoridades del país de origen" puedan atribuir a los solicitantes de asilo "una implicación política". La Comisión Española de Ayuda al Refugiado recurrirá ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para que pida la paralización provisional de la expulsión.
