Madrid. El ala progresista del Tribunal Constitucional ha impuesto su mayoría, resultante del nuevo reparto de fuerzas tras la entrada de los cuatro magistrados designados por el Senado, y eligió ayer a dos miembros de ese sector, el juez Pascual Sala y el abogado catalán Eugeni Gay, presidente y vicepresidente de este órgano. De hecho, la minoría conservadora (cuatro de los once magistrados que componen el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto García-Calvo sigue sin cubrirse) renunció incluso a presentar batalla, a tenor de los resultados de las votaciones celebradas.

Así, Sala resultó elegido en segunda votación con seis apoyos y cuatro votos en blanco, mientras que Gay lo tuvo aún más fácil y logró la mayoría absoluta requerida en la primera votación: seis votos a favor y cinco abstenciones. En cualquier caso, estos nombramientos tienen cierto carácter de "interinidad": muy claro en el caso de Gay, cuyo mandato concluyó el pasado mes de noviembre y que abandonará el tribunal tan pronto como los grupos parlamentarios en el Congreso alcancen un acuerdo para renovar el Constitucional. No parece, sin embargo, que ese acuerdo se vaya a producir en breve, ya que el PSOE y el PP mantienen sus diferencias, especialmente en lo que se refiere a la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, propuesto por el partido de Rajoy y que los socialistas ya rechazaron en el Senado.

Tareas Así las cosas, y tras la convulsa etapa que el tribunal vivió bajo la presidencia de Casas a cuenta de la sentencia del recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, Sala y Gay -que fracasaron en su intento de que el texto no fuera recortado- se ponen al timón de un órgano que deberá pronunciarse sobre buena parte de la política social del Gobierno de Zapatero.

Entre los asuntos que se encontrarán sobre la mesa están los recursos de inconstitucionalidad contra la ley del aborto -en el que Sala y Gay mantienen posturas discrepantes, ya que el segundo sostuvo que la norma no debía haber entrado en vigor porque puede causar un "perjuicio irreparable"- y contra el matrimonio homosexual.

Además, en la agenda del Constitucional figuran los recursos contra la doctrina Parot -que supone la eliminación de los beneficios penitenciarios para los terroristas- y contra la doctrina Atutxa -sobre el papel de la acción popular en los procesos penales-.