DEsde que se conoció el último comunicado de ETA, una clave se ha situado en el eje del debate sobre lo que puede pasar a partir de ahora: el papel de la "verificación" en este nuevo escenario.
Al admitir que el alto el fuego "puede ser verificado por la comunidad internacional", ETA cumplió con una de las condiciones que le exigían las "personalidades de gran relevancia internacional" -como las define el comunicado- que en la Declaración de Bruselas pusieron su experiencia y su prestigio al servicio de la solución de este atávico conflicto.
Ahora, Brian Currin aviva las brasas de su oferta de mediación internacional y se apresta a poner en marcha este proceso de verificación. Sin embargo, el camino no será en absoluto tan fácil como echar simplemente a andar.
La disposición de los agentes directamente implicados en la resolución de los "aspectos técnicos" -ETA y los Gobiernos- a aceptar esta verificación internacional se antoja indispensable. Por eso, Lokarri, ELA y los firmantes del Acuerdo de Gernika urgían ayer mismo la puesta en marcha de las labores del Grupo Internacional de Contacto impulsado por Currin para aprovechar "esta oportunidad". Sin embargo, nada más conocer el comunicado, el ministro del Interior, mano derecha -y casi también izquierda- de Zapatero en esta materia, rechazó esta fórmula a priori marcando el paso que después seguirían el Gobierno Vasco y un PP que, por boca de Mayor Oreja, aseguraba que aceptar la internacionalización del conflicto supondría "la derrota" del Estado y adelantaba así la estrategia de acoso y derribo que reactivará para la ocasión.
Rubalcaba fía las labores de "verificación" a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como de hecho ya hizo a las puertas del anterior proceso, cuando sujetó los pasos de Zapatero durante varios meses hasta comprobar que el alto el fuego era real y completo; una apuesta por el control directo de la situación que, sin embargo, no tiene por qué ser incompatible con la ayuda internacional.
Volviendo la vista a Irlanda, las Policías y los servicios de inteligencia de los Estados lideraron allí la puesta en marcha de esta verificación -pese a la oposición unionista- para que después se unieran académicos, expertos internacionales e incluso víctimas y grupos pro derechos humanos hasta conformar la Comisión Internacional Independiente de Desarme y la Comisión Internacional de Control que, si bien detectaron incumplimientos del alto el fuego -como el robo de 50 millones, el espionaje en el Parlamento o el asesinato de un presunto informador imputados al IRA- impulsaron el avance del proceso cumpliendo el objetivo que los primeros ministros del Reino Unido e Irlanda -Tony Blair y Bertie Ahern- esperaban de esta "verificación": restaurar la confianza perdida entre las partes en conflicto y afianzar las bases de una convivencia en paz. Un reto imprescindible en el caso vasco.
