Ya lo advertía el pasado miércoles el presidente de la comisión de investigación sobre el caso Miñano en el Parlamento Vasco, Juanjo Agirrezabala. Por mucho que las personas citadas a declarar decidan hacer oídos sordos a la llamada del Legislativo -de cuatro comparecientes programados para esta semana, sólo se ha presentado uno-, los parlamentarios tienen material documental suficiente como para concluir si ha habido o no responsabilidades políticas en la supuesta trama, y determinar el alcance de estas, si las hubiere.

Y es que PNV, PSE, PP, EA y Aralar estudian miles de folios susceptibles de aclarar las circunstancias exactas de la actividad desarrollada desde sus puestos de responsabilidad por Alfredo De Miguel y Aitor Telleria, y en las que el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre buscan posibles prácticas delictivas.

Y no es poca esa documentación. La comisión ha solicitado medio centenar de informes que abarcan desde actas de reuniones a facturas, contratos laborales, escrituras, declaraciones de ingresos de las empresas investigadas y hasta la agenda de visitas, "con el máximo nivel de detalle posible", de Alfredo De Miguel a la sede del Gobierno Vasco.

En el bloque dedicado al Departamento de Cultura, sobre el que trabaja ahora mismo la comisión, se ha solicitado al Ejecutivo autónomo la remisión de los contratos realizados con Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, las empresas que presuntamente recibieron adjudicaciones del área de Juventud por servicios cuya prestación, al parecer, no se ha podido documentar. Los grupos políticos han reclamado además la relación de los viajes profesionales realizados por el director de Juventud del Gobierno Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, su objeto y los informes de los mismos. Sánchez Robles era el responsable de las adjudicaciones, en principio legales, pues no excedían los límites económicos que obligan a sacarlas a concurso, que en última instancia firmaba el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga.

A partir del día 17, los parlamentarios se meterán de lleno con el supuesto espionaje realizado por parte de dos agentes de la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza a diversas personalidades políticas alavesas por encargo de Aitor Telleria.

Los grupos han reclamado a Interior todos los informes y la documentación elaborada durante la investigación interna de los seguimientos, siempre que no esté bajo secreto sumarial, descubiertos por casualidad en el ordenador de Telleria. Se reclaman además las contrataciones que el Gobierno Vasco ha realizado con la empresa PCI Security Doctors, que dirige en la actualidad el exdirector de la Ertzaintza Jon Uriarte, llamado también a declarar. Además, los parlamentarios estudiarán diversa información sobre las funciones de la UIA, su cadena de mando, los sistemas de control y sus posibilidades de acceso a sumarios judiciales o a otro tipo de información.

Ya en febrero se iniciará la investigación sobre las presuntas adjudicaciones a dedo en el Parque Tecnológico de Miñano, la parte del caso que primero salió a la luz, cual punta de iceberg, cuando la empresaria Ainhoa Alberdi, responsable de Urbanorma, denunció haber sido extorsionada por Aitor Telleria y Alfredo De Miguel. Alberdi aseguró que se le solicitaron comisiones por obtener el contrato de ampliación del parque tecnológico y se le obligó a incluir a la firma vitoriana Stoa en la operación.

Pues bien, los parlamentarios disponen para su estudio del contrato del parque tecnológico con Urbanorma, de las actas de las reuniones de seguimiento de la evolución de dicho contrato y de las facturas giradas por esta firma. También estudiarán el contrato con Stoa y las facturas que esta empresa envió al parque. La Comisión estudiará además el contrato laboral de Aitor Telleria con CEIA, el Centro de Empresas e Innovación de Álava radicado en Miñano del que el exburukide fue director, revisará las cuentas de este órgano, así como las del propio parque tecnológico, buceará en el expediente de contratación del estudio topográfico previo a la ampliación de Miñano, e investigará las actas de los consejos de administración del parque desde 2006 hasta 2009. Por las manos de los parlamentarios pasarán además las auditorías de calidad, económico-financieras y de gestión efectuadas en Miñano, las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso del parque, las escrituras de compraventa de suelo o las ofertas presentadas por Stoa en concursos del Parque Tecnológico de Zamudio. Por último, los parlamentarios revisarán la auditoría que el Departamento de Industria del Gobierno Vasco realizó a Sprilur, cuyo antiguo director general, Antón Zubiaurre, está imputado por la Justicia. En este caso se trata de una compraventa de terrenos en Santurtzi, que investiga un juzgado vizcaíno.

En cuanto a la recalificación urbanística, supuestamente irregular, que se quería llevar a cabo en Zambrana, la Comisión ha pedido todos los informes que al respecto obran en poder del Ejecutivo Vasco, de la Diputación alavesa y del propio ayuntamiento de la localidad alavesa.