vitoria. El Parlamento Vasco deberá esperar un par de días más antes de empezar a desmadejar la supuesta trama del caso De Miguel. Iñaki San Juan, administrador de las empresas Ortzi Muga y Errexal, beneficiarias de varias adjudicaciones presuntamente irregulares del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, no compareció ayer a la cita que tenía con la Comisión de investigación parlamentaria.

La ausencia le puede salir cara a San Juan, amigo del imputado y responsable de las adjudicaciones como antiguo responsable de Juventud del Ejecutivo, Xabier Sánchez Robles. Según explicó el presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala, la Cámara citará de nuevo a San Juan a las 10.00 horas del día 17, cuando concluye la investigación sobre la rama de Cultura del caso De Miguel, y si repite el plantón a sus señorías, se informará "directamente" a la Fiscalía para que actúe contra el ex concejal del PNV en Leioa, pues habrá cometido un delito de desobediencia. El artículo 502 del Código Penal fija de seis meses a dos años de suspensión de empleo o cargo público si el condenado es funcionario.

Desde que se fijó el calendario de comparecencias, la Cámara ha tratado de ponerse en contacto con San Juan a través del teléfono, el correo electrónico y el burofax, un trámite este último que da por sentado legalmente el conocimiento de la citación por parte del interesado.

A lo largo de los próximos días se repetirá el procedimiento, un segundo aviso que según Agirrezabala también se aplicará si otras personas citadas no acuden al Parlamento en primera convocatoria. En todo caso, la falta de respuesta de San Juan a las llamadas de la Cámara hacían barruntar desde hace días una ausencia injustificada desde todo punto de vista, pues aunque San Juan está obligado legalmente a comparecer a la cita con el Legislativo, no tiene por qué responder a las preguntas de los parlamentarios si no lo desea o no le conviene.

La Comisión de investigación trata de averiguar las circunstancias en las que las empresas que administraba San Juan, Ortzi Muga y Errexal, recibieron varias adjudicaciones del área de Juventud por diversos servicios que presuntamente no fueron justificados. Esas adjudicaciones se realizaban a dedo de forma legal, pues su importe no superaba el límite a partir del cual la Ley de Contratos del Sector Público obliga a abrir las adjudicaciones al concurso público.

Esos extremos debía confirmar ayer, y así lo hizo, el primer compareciente en la Comisión de investigación, un funcionario del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco cuya aportación fue "muy útil para aclarar dudas y aspectos técnicos de la Administración", según Agirrezabala.

San Juan no está imputado, no así las esposas de Alfredo De Miguel y de Aitor Telleria, los dos miembros del Araba Buru Batzar que, acusados de chantaje por la empresaria Ainhoa Alberdi, desencadenaron la investigación judicial de un caso que se ha extendido al Departamento de Cultura, al Parque Tecnológico de Miñano, a los ayuntamientos de Zambrana y Santurtzi y a la Ertzaintza, dos de cuyos agentes están acusados de espionaje.

Las mujeres de De Miguel y Telleria, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, son las administradoras de Kataia Consulting, una firma radicada en la misma sociedad gastronómica vitoriana que Errexal y que también, presuntamente, percibió adjudicaciones del área de Juventud del Gobierno Vasco. Ambas están llamadas a declarar en el Parlamento el miércoles.