vitoria. Aunque tradicionalmente enero es un mes inhábil en el Parlamento Vasco, 2011 va a empezar con fuerza en el Legislativo. Hay mucho trabajo que hacer en un año mediatizado por las elecciones municipales y forales y por ese fin de ETA del que se lleva tantos meses hablando, pero que no se termina de vislumbrar en el horizonte. Por lo pronto, la Cámara abrirá sus puertas hoy para escuchar a los primeros comparecientes de la comisión de investigación sobre el caso De Miguel, y a lo largo del mes se reunirá la ponencia sobre la reforma de la Ley Antitabaco, ya con la norma estatal en vigor.

Ya en febrero arrancará oficialmente un periodo de sesiones en el que cada vez tendrán más peso las elecciones de mayo -incluso podría darse un parón de la actividad legislativa por cortesía interinstitucional-. En ese contexto habrá que observar con lupa qué repercusión dan los partidos a las comisiones De Miguel y Margüello, que afectan en mayor o menor medida al PNV. En el primer caso los partidos se han comprometido a no filtrar los resultados de sus pesquisas.

El anuncio del fin de ETA, que para febrero ya debería haberse hecho público, o su ausencia, también levantarán polvareda en la Cámara, principalmente por una circunstancia que de nuevo desvía las miradas a las diputaciones y los ayuntamientos. Los movimientos de la izquierda abertzale para regresar a la legalidad política una vez asumida la vía exclusivamente democrática han animado ya muchos debates en el Legislativo, y en el calendario para 2011 hay varias mociones registradas que siguen en esa línea.

Ezker Batua reclamará la conformación de un foro multipartito por la paz en el que tomen parte todas las formaciones, de tal forma que no se excluya a parte del arco político vasco, como ocurrió en las conversaciones de Loiola. Carlos Urquijo, del PP, trasladará a la Cámara sus críticas a la ronda de conversaciones emprendida por Batasuna con los partidos vascos, una interpelación al consejero de Interior, Rodolfo Ares, que lleva atascada en el Parlamento desde abril de 2010.

Además, la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, pedirá también a Ares que se posiciones sobre los términos de la Declaración de Gernika, suscrita por los partidos de izquierda y abertzales en la que se exige a ETA una tregua verificable.

A estos dos grandes ejes políticos, las elecciones forales y municipales y el devenir de la izquierda abertzale, se suman como grandes hitos del año que comienza, al menos a priori, la citada comisión del caso De Miguel, la constitución de la ponencia sobre las víctimas de violencia de motivación política, la guerra en EiTB, o la política fiscal ante la crisis.

En lo que a las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos de ultraderecha se refiere, las formaciones políticas dedicarán enero a concretar cómo y cuándo arrancarán unos trabajos para cuyo desarrollo se ha elegido la fórmula de la ponencia. Así lo recomienda el informe presentado el 1 de diciembre por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo y así lo consideran todos los grupos a excepción del PP, con quien negocian el PSE por un lado, y por otro Aralar, que persigue la redacción conjunta entre los grupos de una proposición no de ley que establezca las bases para el desarrollo del informe. La idea es seguir la estela de la moción que en 2003 inició el camino que desembocó, cinco años después, en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Ya el año pasado las víctimas de la violencia terrorista centraron buena parte del discurso de los políticos. Este año tendrán una vez más un protagonismo notable en los debates de la Cámara. Aralar ha presentado una iniciativa sobre los testimonios recogidos en la web Bakegune puesta en marcha por el Gobierno Vasco, ha reclamado que el Día de la Memoria incluya también a las víctimas de motivación política y exige al lehendakari en una moción que pida perdón a las víctimas del terrorismo de Estado, como en su día hizo el Ejecutivo Vasco con los muertos y heridos causados por ETA. La formación abertzale reclama además que la Fiscalía investigue las declaraciones del expresidente del Gobierno central Felipe González en las que admitió ser la persona daba el visto bueno a los atentados del GAL.

En cuanto a la radiotelevisión pública vasca, 2010 ha terminado con un llamamiento del Parlamento a centrar el esfuerzo en la información y olvidar las polémicas con los trabajadores o sobre la línea editorial del ente. Sin embargo, a lo largo de todo el año la gestión del PSE en EiTB ha despertado duras críticas en partidos como el PNV, EA o Aralar, e incluso de UPyD, que al contrario de lo manifestado por los nacionalistas, no considera consumado el cambio en los medios públicos. En la agenda del año entrante sigue presente la radiotelevisión pública, bien sea por la captación de la señal de TDT en Navarra, sobre la que sigue sin haber un acuerdo entre los dos gobiernos autonómicos, bien por la caída incesante de las audiencias del ente o por la modificación de la Ley de ETB.

La constitución de la Comisión de Investigación sobre el caso De Miguel ha solapado en cierta medida a la que indaga en la presuntas irregularidades cometidas en el Departamento de Sanidad durante la anterior Legislatura, el conocido como caso Margüello. Constituida en septiembre de 2010, la comisión seguirá este año con sus trabajos, probablemente con más agilidad que las ponencias sobre Trebiño o sobre el estatuto del político, que ha de regular cuestiones como la de las pensiones vitalicias a los lehendakaris.

Estos foros apenas se han reunido durante 2010 y no parece que cuenten entre las prioridades de la agenda para el recién iniciado periodo de sesiones.

política fiscal Otra de las grandes discusiones del año entrante será la de la política fiscal que, sin ser competencia del Parlamento ni del Gobierno de Patxi López, sí ha marcado distancias entre PSE, PNV y en menor medida el PP, y el resto de partidos.

Ya en el terreno de la política más real y a pie de calle, en la Cámara se discutirá sobre el desarrollo del Reglamento de la Ley de Garantía de Ingresos, sobre una hipotética instauración del copago en Osakidetza, sobre la regulación de los funerales civiles, sobre la ampliación del aeropuerto de Bilbao, sobre las Ayudas de Emergencia Social, eterno objeto de polémica en la Cámara; o sobre la idea lanzada desde el Gobierno Vasco de cobrar a los espectadores de pruebas ciclistas.