bilbao. A pesar de valorar "muy positivamente" la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la abogada de Igor Portu y Mattin Sarasola no descarta recurrir el fallo. Si bien el jueves el tribunal daba el visto bueno a las denuncias de torturas interpuestas por los miembros de ETA tras su detención el 6 de enero de 2008 -Portu hubo de ser ingresado en la UCI del Hospital de Donostia-, la letrada Amaia Izko explicó anteayer en Onda Vasca que "el mínimo penalógico que se recoge en el fallo no es algo aceptable a la vista de los gravísimos hechos probados". En este sentido, cuatro de los quince guardias civiles acusados fueron condenados a penas de entre dos y cuatro años y medio de prisión, y de entre ocho y dieciséis años de inhabilitación absoluta por ser autores de delitos de "torturas graves y lesiones".
Sin embargo, Izko consideró que la sentencia "es muy importante porque determina que la versión oficial no era cierta". "Debe ser un paso en la lucha por la erradicación de la tortura, al haberse escrito en una resolución que la tortura existe, cuando hay una negación sistemática por parte del Estado de la existencia de esa tortura", explicó. No obstante, no arrinconó la posibilidad de recurrir esa decisión. El plazo concluye la próxima semana.
Sobre la negación en el fallo de una relación causa-efecto entre las torturas y la confesión de la autoría del atentado de la T-4, la abogada consideró que "tiene como único objeto blindar una declaración obtenida en ese espacio, y blindar unos pronunciamientos que se hicieron en base a esa declaración". En cuanto a los dos agentes condenados que no irán a prisión, reclamó transparencia para evitar esas situaciones, al tiempo que apuntó a la incomunicación como el "muro" que abonaría la "impunidad absoluta" en estos casos.
reforma del código penal El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, coincidió en estimar "muy leve" la condena. "Hay que tener en cuenta que las personas que han torturado actúan en nombre de toda la ciudadanía, con la misión de evitar y perseguir los delitos dentro de los márgenes que marca la ley. Los condenados no sólo han vulnerado los Derechos Humanos de dos personas, sino que también han erosionado la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones", criticó. Por ello, exigió al Gobierno español que "revise exhaustivamente los mecanismos de prevención e investigación", y que impulse una reforma del Código Penal para endurecer las penas por torturas. Además, instó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a "retractarse públicamente" de su negación de los malos tratos.
Gesto por la Paz también reclamó medidas que prevengan la comisión de esos delitos, pero sostuvo que, en esta ocasión, "los propios mecanismos del Estado de Derecho han sido capaces de esclarecerlos, lo que fortalece su funcionamiento y permite mantener la confianza". Sin embargo, pidió al Estado que muestre su rechazo a las torturas y tome "urgentemente" medidas para atajarlas. El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, se expresó en otra tónica al asegurar en Radio Euskadi que "no es lo mismo pegar un bombazo y matar a dos personas, que te den unas leches por haber matado". "Pero es injustificable que nadie sobrepase la ley y, menos, los representantes del Estado de Derecho", matizó.
Igor Portu y Mattin Sarasola, en la Audiencia Nacional. Foto: efe
