La "perfección" del sistema electoral

La otra que se aprobará es la relacionada con la proporcionalidad del sistema electoral, la publicidad institucional o el voto emigrante. Esta sí que reúne el apoyo de más sensibilidades de la Cámara, como la de nacionalistas catalanes y vascos.

La primera reforma de la Ley Electoral trae varios aspectos reseñables. El principal es el de la figura de la incompatibilidad sobrevenida. Con esta, y una vez se ilegalice una formación (antes o después de las elecciones), un cargo electo de este partido tendrá quince días para rechazar "de modo expreso e indubitado" aquel precepto por el que su plataforma ha sido apartada de la legalidad.

Hay quienes, como PNV, ERC y CiU, ven visos de inconstitucionalidad en esta figura. Consideran que con este cambio se rompe la tradición jurídica española en la que el elegido representa a todo el pueblo, y no solo a su partido, que sería ilegalizado y que, por esta razón, el electo podría perder su puesto.

La responsabilidad de determinar la incompatibilidad sobrevenida y la necesidad de que el electo condene no recaerá sobre los tribunales ordinarios que habrán ilegalizado la formación, sino sobre la Junta Electoral Central, que, además, deberá permanecer vigilante el resto de la legislatura por si los actos "contradicen" una eventual condena.

Otro de los cambios es el de los plazos. Ahora, Fiscalía y Abogacía del Estado deben interponer las impugnaciones entre los días 27 y 29 desde que se convocan los comicios. Con la reforma, el plazo se amplía hasta el día 44 o, lo que es lo mismo, el décimo día previo a la votación.

En ellos, alguna de las dos instituciones podrá cursar una petición cautelar de suspensión de una formación contra la que prevea "promover un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización en los quince días siguientes".

Con este margen de provisionalidad, cabe la opción de que, después de que se nombre el alcalde de un municipio, el órgano competente decida que no ha lugar para la ilegalidad determinados electos y puedan volver a ocupar sus cargos.

El ejemplo es claro: una vez conocidos los resultados de una localidad como Hernani, la lista de la izquierda abertzale -ahora en el Gobierno- podría ser anulada de manera preventiva no por la Justicia, sino por la Administración Electoral.

Así, los ediles afectados por la medida podrían verse provisionalmente fuera del primer Pleno, el de constitución municipal y nombramiento del alcalde, que sería un representante de cualquier otra fuerza.

Si después se decidiera que no hay ilegalidad, los electos podrían ser representantes populares, pero tendrían que recuperar el Gobierno municipal de turno mediante la moción de censura u otros procedimientos reglados.

Los críticos con la decisión de ampliar el plazo para denunciar las listas censuran la "inseguridad" y la falta de equidad que podría acarrear. De ser suspendidos, y en virtud del artículo 94.4 de esta ley, podrían no tener acceso al censo electoral.

Otros casos parecidos

Ayuntamiento de Irun

Este tipo de situaciones poco habituales ya se han dado, de otra manera, en esta legislatura. Ha ocurrido en Irun, cuando una de los tres concejales de la plataforma ANV decidió dejar el cargo.

Tras la anulación de toda la lista (ANV dejó de ser un partido legal y los ediles fueron no adscritos), la Junta Electoral Central denegó que entrara Aitziber Ubegun como sustituta de Victoria Mendoza, por lo que el Pleno queda con doce concejales del PSE, incluido el alcalde José Antonio Santano y su voto de calidad si hiciera falta, frente a otros doce de la oposición.

Cuando la reforma entre en vigor, que se espera cumpla su trámite parlamentario cuando el Senado reanude su calendario de sesiones en febrero, la situación anterior podría darse con más frecuencia. Además de la ampliación de plazos que se establecerán dentro de la campaña, la Administración Electoral podrá tomar medidas a los electos más allá de la proclamación de electos.

AGRUPACIONES ELECTORALES

Taponar a la "última vía"

Con este cerco, la izquierda abertzale podía haber utilizado la fórmula de las agrupaciones electorales -no reguladas por la Ley de Partidos-, sin pertenecer a ninguna formación registrada de antemano.

Si lo hicieran, hubiese sido imposible que se aplicara esta incompatibilidad, ya que la agrupación por la que se presentan deja de tener entidad jurídica en el momento mismo de los comicios o pocos días después, cuando se proclamen los electos.

El pasado lunes, PP y PSOE introdujeron una enmienda con la que cerraban este hueco al extender las modificaciones propuestas también a las agrupaciones.

El portavoz adjunto en el Congreso, Aitor Esteban, denunciaba esta que tanto socialistas como populares han trabajado la reforma fuera de la Comisión Constitucional y que la han presentado poco antes de acabar, sin aceptar enmiendas de los demás grupos. Todos menos uno: UPyD.

Enmienda de UPyD

Otra vuelta de tuerca

La formación de Rosa Díez pidió que entre las personas que no pudieran ser elegidas se encontraran aquellas que, sin sentencia firme, estuvieran condenadas por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública, o contra las instituciones del Estado, cuando entre las penas se encuentren las propias de inhabilitación.

Estas reformas legales contrastan de plano con el Guantánamo electoral que acuñó el Fiscal General del Estado en 2007. Para Cándido Conde-Pumpido entonces, otra ley como la de Partidos era "una especie de Guantánamo electoral" -que dejaba a cerca de 120.000 electores sin su opción preferencial- cuando el espíritu de la Ley era "empujar hacia la paz, no hacia la violencia".

Ahora, a las puertas de las siguientes elecciones municipales y forales, el Gobierno y su oposición se han planteado otro objetivo: "perfeccionar" el sistema electoral.