vitoria. El portavoz de Eusko Alkartasuna en la Cámara vasca, Juanjo Agirrezabala, ha denunciado en una pregunta parlamentaria que el informe sobre las víctimas de motivación política presentado hace dos semanas en el Legislativo fue redactado por la firma externa Unesco Etxea en el mes de junio, pese a que la adjudicación del contrato del Gobierno Vasco a esta empresa, por valor de 69.000 euros, no se produjo hasta septiembre.
Por ello, Agirrezabala ha registrado una pregunta en la que exige al consejero de Interior, Rodolfo Ares, que aclare "cómo es posible que el informe estuviera elaborado en junio cuando la adjudicación del contrato no se produjo hasta septiembre". El portavoz de EA pide además que se explique cuál ha sido el procedimiento de adjudicación, si ésta fue directa o mediante convocatoria pública, y si hubo ofertas de otras empresas.
A Eusko Alkartasuna "le consta fehacientemente" que el estudio se redactó dos meses antes de su adjudicación, a pesar de lo cual se afirmó que su finalización se retrasaría para recabar el consenso de los grupos parlamentarios.
El Ejecutivo tenía orden de la Cámara de presentar el informe precisamente en junio, en virtud del acuerdo unánime aprobado hace casi un año, pero el Gobierno retrasó su publicación hasta el pasado 1 de diciembre.
Entretanto, se sucedieron las quejas tanto de Eusko Alkartasuna como de Aralar, hasta que la directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, realizó una ronda con los grupos para presentarles el texto antes de hacerlo oficialmente en la Comisión de Derechos Humanos.
A lo largo de este mes se prevé que se desarrollen contactos discretos entre los partidos para decidir cómo canalizar el diseño de medidas de reparación a estas víctimas de acciones de grupos vinculados a las fuerzas de seguridad. El informe elaborado por Unesco Etxea propone la creación de una ponencia parlamentaria, una medida a la que se opone el PP.