La Fiscalía francesa pidió ayer una pena de 30 años para Mikel Albisu, Antza, y María Soledad Iparraguirre, Anboto, por considerarlos dirigentes etarras cuando fueron detenidos en 2004, el primero jefe del aparato político y la segunda del financiero. El fiscal también solicitó ante el Tribunal de lo Criminal de París que dos tercios de esa pena sean de cumplimiento efectivo, y que cumplida la pena sean expulsados de Francia.