MADRID. El Gobierno justifica su petición al Congreso para que prorrogue hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma decretado el pasado 4 de diciembre alegando que aún no se ha recuperado totalmente la normalidad en la prestación de un servicio público esencial como es el tráfico aéreo, que continúa la "alarma social" generada por plante de los controladores y que hay que garantizar la "libertad de circulación de los ciudadanos".

Así consta en el acuerdo que el Consejo de Ministros adoptó este martes en la reunión extraordinaria que celebró en el Congreso de los Diputados y que ha sido remitido esta mañana a los grupos parlamentarios.

En el texto, el Gobierno defiende que la declaración del estado de alarma fue "sin duda una medida eficaz", ya que llevó a que los controladores volvieran a sus puestos y estén prestando servicio "en condiciones de normalidad" bajo la dirección del Ejército del Aire.

ESFUERZO DURANTE SEMANAS

No obstante, sostiene que "aún hoy no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad" porque la complejidad de la organización del espacio aéreo, nacional y europeo, "ha sido tan radicalmente alterada" por el sabotaje de los controladores que "está exigiendo y exigirá todavía durante semanas un esfuerzo considerable".

De este modo, el Gobierno esgrime que la gravedad de lo sucedido, las tareas pendientes para "asegurar la consolidación de la normalidad" en el transporte aéreo y "la alarma social experimentada y aún viva en el conjunto de los ciudadanos impiden que se pueda dar ya por superada la crisis desencadenada en los días pasados".

Por ello, el Consejo de Ministros ve "conveniente y necesario" solicitar la prórroga del estado de alarma para "asegurar la normalidad en el funcionamiento del tráfico aéreo, mantener la seguridad jurídica en la prestación de un servicio público esencial y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente su libertad de circulación".

TEMOR A QUE SE REPITA DE INMEDIATO

En su texto, el Ejecutivo incide en que los hechos que motivaron la declaración del estado de alarma fueron de "enorme gravedad" por el número de ciudadanos afectados, los perjuicios económicos, el daño a la imagen internacional de España y por la "alarma social" que provocado entre los ciudadanos, que "aún hoy temen que hechos similares puedan reproducirse de inmediato".

Además, subraya que la ciudadanía y ha rechazado "la expresión de un conflicto" que, a su juicio, se ha manifestado con "desprecio" a "todas las previsiones legales" hasta el punto de impedir la prestación de un "servicio esencial".

El Ejecutivo también destaca que la declaración del estado de alarma, cuya prórroga debatirá el Congreso este jueves, tiene un ámbito de aplicación muy concreto, "el estrictamente imprescindible para recuperar la normalidad": Los servicios de control de tráfico aéreo y los controladores que operan en ellos. De hecho, resalta que no ha habido necesidad de extenderlo a otras actividades aeroportuarias, ni de complementar la medida con otros decretos.