vitoria. Un total de 33 personas deberán comparecer en el Parlamento Vasco para declarar sobre la supuesta trama de corrupción y espionaje conocida como caso De Miguel, según explicó ayer el presidente de la comisión, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala.
Los grupos se comprometieron a proteger la identidad de los elegidos al menos hasta que Agirrezabala hable directamente con ellos -algo que sucederá entre hoy y mañana- pero una cosa quedó ayer clara: no declarará ninguno de los actuales gestores del Gobierno Vasco en esta primera tanda. Sólo lo harán quienes estuvieron relacionados con los hechos en el momento en que se produjeron. Este criterio ayudó a dejar la lista de 76 solicitudes de comparecencia en sólo 33, si bien una vez que la comisión escuche sus testimonios podrá pedir que comparezcan los demás si lo considera necesario.
Las declaraciones se dividirán por bloques que a su vez se corresponden con los distintos ámbitos de actuación de la comisión. Así, se citará a ocho personas para que den explicaciones sobre los supuestos contratos irregulares realizados por el anterior Departamento de Cultura del Gobierno Vasco; cinco con la supuesta trama de espionaje; nueve con las presuntas irregularidades relacionadas con el Parque Tecnológico de Miñano; y 11 con la compraventa de terrenos en Zambrana y Santurtzi. La primera, según las previsiones, se producirá el 3 de enero.
La comisión estableció también qué documentación solicitará para su estudio: 57 dossiers compuestos principalmente por contratos suscritos con las empresas adjudicatarias, que obran en manos del Gobierno Vasco en su mayoría, además de en las de la Diputación alavesa y los ayuntamientos de Zambrana y Santurtzi.
