Cuando la izquierda abertzale ilegalizada presentó las bases del nuevo proyecto político con el que pretende bajar la persiana al ciclo de la violencia, la respuesta del Estado fue inmediata: "la Ley no sólo prohíbe los partidos vinculados al terrorismo, sino también aquellos que fraudulentamente quieran suceder a los que anteriormente habían sido declarados ilegalizados", advirtió sólo unas horas después el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Acto seguido, puso a trabajar a su departamento sobre las nuevas bases presentadas para preparar el recurso que a buen seguro presentará ante el Tribunal Supremo. ¿El objetivo? Preparar desde ya la respuesta que dará a la nueva iniciativa de este sector si sospecha que es una continuación de Batasuna diseñada para sortear su ilegalización.
Pero, ¿cuál es el proceso jurídico que debería seguir esta impugnación una vez que se presenten las bases para registrar un nuevo partido? ¿Sería suficiente el tiempo que llevaría su análisis para que pueda estar en las próximas elecciones? ¿Son puramente objetivos los criterios que deberán manejar los magistrados para dirimir si están ante un intento de "sucesión fraudulenta"? Ésta es la opinión que tienen al respecto algunos de los más destacados hombres de ley del País Vasco: el magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, Jaime Tapia, el abogado del Foro Ermua Fernando García Capelo, y el presidente de la influyente asociación de estudios jurídicos Res Pública, Ángel Gaminde.
el proceso
Por qué puede el Estado impugnar el nuevo proyecto
A la hora de explicar el procedimiento que se activaría tras la presentación de los nuevos estatutos en el registro del Ministerio del Interior, los tres se remiten a la letra de la actual Ley de Partidos. Ésta establece que se deberá comprobar si existe una "similitud sustancial" del nuevo partido con uno ilegalizado, de "su estructura", de las "personas" que lo "componen o representan", de los "medios materiales" de que se vale, o de "cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión".
Este último punto, el que se refiere a esas "cualesquiera otras circunstancias", abre un enorme abanico a la interpretación que, a juicio de los tres letrados deja el futuro del nuevo partido ineludiblemente sujeto a la voluntad política del Estado. "Efectivamente, hay cierto grado de subjetividad en este apartado", reconoce Tapia. "Estamos ante una especie de cajón desastre en el que el legislador ha dado al juez la capacidad de interpretar la ley según le interese. En otros puntos no, pero en éste se da un margen de interpretación totalmente subjetivo", apunta Gaminde.
Pero, en base a esta subjetividad, ¿creen que podrá presentarse? "No. No podemos hablar en términos de legalidad en lo que se refiere a las actuaciones del Estado hacia la izquierda abertzale. Es una cuestión de cálculo electoral y, de cara a las municipales, PP y PSOE están muy cómodos buscando sus alianzas", responde convencido Gaminde. El contrapunto lo pone el abogado del Foro Ermua que, "siendo de los que creen que por debajo está habiendo una negociación" -como también apunta el propio Gaminde aunque él fíe sus resultados a comicios posteriores- "al final el Gobierno tratará de guardar las apariencias pero permitirá su concurso" subraya García Capelo, quien apunta también una posible secuencia: "Quizá presenten una lista sucia clara que se rechace; después, una más tapada pero que también se pueda ilegalizar, y por último recurran a una conjunción, quizá con EA, que será la que pase".
los ritmos
Llegar o no llegar a las elecciones de primavera
Ante las dudas que cuestionan si esta sensibilidad tenga o no tenga ya tiempo para registrar una candidatura legal, la Ley es clara. Abre un plazo de 20 días para que los servicios jurídicos de Interior estudien el contenido de la documentación presentada y la trayectoria de las personas que respaldan el registro del nuevo partido político. En el caso de que detectara alguna "irregularidad", se abrirían dos vías: si considera que está ante un nuevo partido, aprovecharía este plazo para acumular informes periciales de las Fuerzas de Seguridad del Estado y dejar el caso en manos del Ministerio Fiscal, que a su vez tendría otros 20 días para decidir si da su visto bueno al partido o actúa judicialmente contra él. Si por el contrario Interior intuye desde el principio que está ante un intento de "sucesión fraudulenta" de Batasuna, podría acudir él mismo ante los tribunales siguiendo una vía tanto más directa como menos garantista.
la alternativa
Partido político, o agrupaciones electorales
La documentación más reciente que obra en poder de DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA apunta a que este sector podría optar por presentarse en solitario en los municipios y en coalición a las diputaciones. Y, según explican estos expertos, si optara en los pueblos por presentar agrupaciones electorales los plazos serían mucho más apretados.
La Junta Electoral sería la encargada de analizar las diferentes listas presentadas antes de que quedara oficialmente abierta la campaña. Sin embargo, las apelaciones y recursos que las candidaturas rechazadas podrían elevar a las diferentes instancias judiciales dejarían una vez más la resolución a las mismas puertas de la primera pegada de carteles.
Eso por ahora, ya que PP y PSOE ya impulsan una reforma de la Ley Electoral -la competente en este caso- que facultaría al Estado a intervenir antes contra estas listas, y hasta después incluso de que se dé el pistoletazo de salida a la campaña.
