Vitoria. A primera hora de esta mañana el Parlamento Vasco abrirá sus puertas para debatir las enmiendas a la totalidad de EB, EA, UPyD y Aralar a los Presupuestos del PSE. La sesión se centrará en el rechazo de estos grupos a la gestión de un Gobierno Vasco al que el PNV ha concedido una tregua, renunciando a pedir la devolución de las Cuentas, en espera de ver cómo acogen PSE y PP sus 182 enmiendas parciales.
La postura de los jeltzales refuerza, al menos en principio, la posición de un Ejecutivo que el año pasado celebró haber aprobado "los Presupuestos menos contestados de la historia", según el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, gracias a la abstención de un PNV cuyas enmiendas parciales fueron rechazadas finalmente por los socios de Gobierno.
Hoy PSE y PP lo tendrán fácil, al menos en lo que a las matemáticas se refiere. Las cuatro enmiendas a la totalidad representan siete de los 75 votos de la Cámara Vasca, pero sobre la tribuna, Patxi López deberá escuchar cuatro duros discursos de una oposición especialmente aguerrida contra el lehendakari y uno, seguramente más técnico pero no por ello menos implacable, de un PNV que en materia presupuestaria ejerce de experto fiscalizador apoyado en sus tres décadas de Gobierno.
La solidez del acuerdo de bases blindará al Gobierno de una contestación a sus Cuentas más allá de lo puramente dialéctico, pero López se encuentra ante una Cámara tan dividida como en anteriores legislaturas.
cuentas "ficticias" Ezker Batua criticará unos presupuestos "ficticios", pues según su portavoz, Mikel Arana, están sujetos a un "plan B" que prevé más recortes si la coyuntura así lo exige. Juanjo Agirrezabala, de EA, exige que se garantice la calidad del sistema de servicios sociales, una nueva política fiscal y potenciar la inversión, "todo lo contrario de lo que hace el PSE".
Desde UPyD, Gorka Maneiro, que el año pasado no pidió la devolución de las Cuentas, denuncia el "clientelismo político" de una previsión de gasto "inflada" que premia a los municipios del PP y el PSE en detrimento de los gobernados por otras formaciones.
Aralar, por su parte, rechazará "unos presupuestos de recortes, que reflejan la visión frentista de la política que desarrolla el Gobierno y representan la visión parcial del sufrimiento en este país", según su portavoz parlamentaria, Aintzane Ezenarro.
En cuanto a la posición del PNV, no se trata de un cheque en blanco al Gobierno Vasco. Ya advirtió la pasada semana el portavoz jeltzale en la Cámara, Joseba Egibar, de que socialistas y nacionalistas han de sentarse ahora a negociar la admisión de sus enmiendas parciales.
El PNV se reserva la posibilidad de votar en contra de los Presupuestos de 2011, pese a los insistentes llamamientos de José Antonio Pastor al entendimiento entre los dos partidos con más respaldo social en Euskadi.
El siguiente paso, una vez PSE y PP superen el debate sobre las enmiendas a la totalidad, será la discusión de las parciales. El año pasado los firmantes del acuerdo de bases, en virtud del cual el PP tiene derecho de veto sobre las correcciones de la oposición, rechazaron la práctica totalidad del millar de enmiendas planteadas. Prácticamente todos los grupos coincidieron en criticar el "rodillo" que a su juicio aplicaron socialistas y populares acogiéndose a la mayoría que les proporciona el acuerdo de bases.
Este año se debatirán en comisión casi 1.400 correcciones a las Cuentas valoradas en 1.000 millones de euros. Más allá de que el debate abarque la inversión en centros educativos, las ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro, el plan de gestión del quebrantahuesos o la formación del funcionariado vasco, la clave política, dada por hecha la aprobación de las Cuentas con los votos de PSE y PP, es saber hasta qué punto el Gobierno constitucionalista abrirá la mano a la oposición.
Para empezar, los propios socios firmantes del acuerdo de bases han presentado 170 enmiendas parciales por un valor de 60 millones de euros, destinadas a conceptos tan diversos como la candidatura donostiarra a la capitalidad cultural europea, el mencionado plan de gestión del quebrantahuesos, diversas subvenciones a clubes deportivos, ayudas para las familias numerosas o la restauración del cauce del río Oka, en la cuenca de Urdaibai.
Las correcciones del PNV cuya admisión debatirán en los próximos días socialistas y jeltzales son un total de 433, valoradas en 182 millones de euros. Los nacionalistas piden más fondos para el desarrollo de los planes de igualdad en los ayuntamientos, plantean recortes en campañas publicitarias de tráfico o de las víctimas del terrorismo, reclaman la ampliación de los conciertos con centros privados de bachillerato y apuestan por elevar la cuantía de la partida de que dispondrá la sociedad Aranzadi para investigar desapariciones en la Guerra Civil.
Aralar ha presentado un total de 157 enmiendas, por valor de 400 millones de euros, entre las que destaca la que contempla las primeras ayudas a víctimas de violencia de motivación política, una partida de 15 millones de euros. Además, la formación pide más fondos para sensibilizar a la población sobre el uso del euskera, pide que se elimine la subvención a centro concertados de modelo A, y propone elevar en un millón de euros la partida destinada a Euskaltzaindia.
contención en el gasto Eusko Alkartasuna, por su parte, ha presentado 307 enmiendas parciales por valor de casi 94 millones de euros. Juanjo Agirrezabala pide que se retiren los 25.000 euros reservados a la traducción al euskera de los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, la Cojua, o el recorte en casi medio millón de euros en la partida destinada a los gastos de combustible y peajes de los coches oficiales del Ejecutivo.
También pide mayor contención en el transporte oficial de consejeros y directores Unión, Progreso y Democracia, que ha presentado 159 enmiendas por valor de 150 millones de euros. Gorka Maneiro propone invertir 300.000 euros en los juzgados de paz, 120.000 en la educación de ciudadanos vascos presos en el extranjero, o incrementar en 120.000 euros la subvención a los ayuntamientos para el desarrollo de proyectos relacionados con el fomento de los derechos humanos.
