Madrid. Además de tratar de influir en el caso Couso, la embajada estadounidense en Madrid llevó a cabo intensas maniobras para evitar que prosperara una querella por crímenes de guerra y torturas en la base naval de Guantánamo asumida por el juez Baltasar Garzón. Así se desprende de los documentos filtrados por el portal de Internet Wikileaks, que con sus revelaciones ha puesto en una situación más que incómoda al Gobierno español y a la fiscalía. Los despachos facilitados al diario El País revelan que Garzón es un juez temido en Washington y que la legación diplomática de Estados Unidos en Madrid presionó al Gobierno y, sobre todo a la fiscalía, de la que, de acuerdo con esos cables, recibió apoyo y asesoramiento. La investigación, la primera en el mundo sobre el limbo jurídico de Guantánamo, continúa abierta pero fue recurrida por la fiscalía.

Ahora está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidirá en las próximas semanas si la causa se archiva o no. Para tratar de frenar la demanda, los diplomáticos estadounidenses -siempre según los documentos de Wikileaks- se dirigieron al Gobierno español para advertir de que una investigación sobre Guantánamo tendría un enorme impacto en las relaciones entre Washington en Madrid. Los cables indican que la estrategia de la embajada incluía también al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contrario a la querella y quien habría revelado a Estados Unidos los pasos que daría antes de que fueran públicos y ofrecido, además, consejo jurídico para frenar a Garzón.

imparcialidad en entredicho Según la versión de una reunión de funcionarios de la legación con el fiscal, éste les proporcionó importantes claves del asunto: "Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón". Los documentos filtrados a Wikileaks incluyen además un cable con esta frase: "Zaragoza tiene una estrategia para retorcer el brazo" de Garzón, cuya imparcialidad pone en entredicho. El fiscal, según otro de los despachos, de mayo de 2009, dijo que había hablado con Garzón. En esa conversación, Zaragoza le habría preguntado si con el caso de Guantánamo "está tratando de aumentar el caché de sus conferencias". El juez le contestó, de acuerdo con esa versión, que lo estaba haciendo sólo "for the record" y que después lo dejaría morir. "Una vez que ha conseguido su titular, Garzón abandonará el asunto", dice Zaragoza. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos parecía albergar pocas esperanzas de poder frenar al magistrado, ya que otro de los despachos reza: "No creemos que las amenazas disciplinarias le hagan dar marcha atrás, ya que podría agradecer precisamente la posibilidad del martirio, a sabiendas de que el caso atraerá la atención mundial. Creemos que tendremos que lidiar con este asunto durante bastante tiempo". Fuentes de la Audiencia Nacional indican que todo parece indicar que la causa será finalmente archivada.

Respaldo del Gobierno Sobre el Caso Couso, los documentos revelan que Estados Unidos mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo, de quienes encontró un respaldo total. Los implicados serían la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otro lado, se dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Así, un telegrama confidencial del 21 de octubre de 2005 y firmado por el entonces embajador Eduardo Aguirre llevaba como título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional". Hacía referencia a las órdenes que había dictado dos días antes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, contra los tres soldados involucrados en la muerte del cámara de televisión José Couso, ocurrida en Bagdad el 8 de abril de 2003 tras el disparo de un tanque estadounidense.