Estrasburgo hará pública su decisión sobre la anulación de las listas de ANV el 7 de diciembre

ANV apuntó entonces que la actuación de los tribunales supuso "una violación" de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el 10, relativo a la libertad de expresión; el 11, relativo a la libertad de asociación; y el 13 relativo al derecho a un recurso efectivo.

En las demandas, ANV indicaba que "la actuación de los tribunales españoles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Europea" ya que, según destacaba, actuaron "sin tener en cuenta lo que el Tribunal de Estrasburgo ha manifestado en sus múltiples sentencias relacionadas con la libertad de expresión y la libertad de asociación".

La formación abertzale aludía en sus demandas a las sentencias de los tribunales Constitucional y Supremo y aseguraba que en ambos casos "se parte del reconocimiento que el propio Tribunal Constitucional realiza al negar que ANV sea un partido político mero sucesor o continuador de la ilegalizada Batasuna".

Asimismo, los abogados de ANV denunciaban un "fraude procesal", ya que "ante la ausencia de una previsión legal que permitiera anular parcialmente unas candidaturas presentadas por un partido político legal, se utilizó una técnica, que el propio Tribunal Constitucional calificó de extravagante, consistente en sostener que una formación ilegalizada controlaba parte de las listas de ANV".

También denunciaban que el Tribunal Constitucional no efectuara "un análisis individualizado" de cada una de las candidaturas cuya anulación se acordó, lo que "posibilitó que el Fiscal General de Estado pudiera manifestar "quizás nos hemos pasado, pero ha colado", poniendo de manifiesto el carácter político de la actuación del Estado contra ANV, así como la falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave".