Vitoria. La declaración de bienes e intereses del ex diputado de Administración Local Alfredo de Miguel confirma que omitió durante un año que fue administrador único de la inmobiliaria Landaburu Etxea, responsabilidad incompatible con el cargo público.
El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publica ayer las declaraciones de bienes e intereses de las personas que ocupan o han ocupado a lo largo de la legislatura algún cargo en el Gobierno foral, un listado en el que no se incluye a los titulares de áreas del anterior Ejecutivo alavés después de que los dirigentes se negasen a publicar sus datos al alegar que no supone una exigencia de la normativa foral.
La declaración de De Miguel, imputado en el supuesto caso de corrupción en el que están presuntamente implicadas una docena de personas vinculadas al PNV, confirma un dato que ya se conocía públicamente, que el exnúmero dos de Agirre en su primera declaración de bienes, en agosto de 2007, no citó que era administrador de la inmobiliaria Landaburu Etxea, que fue la encargada de comprar el edificio de la nueva sede del PNV en Vitoria. Por el contrario, ese año sí informó de su participación en las sociedades Kataia y Eskalmelo, participación que mantuvo al concluir su actividad en la Diputación pero de forma participada con su esposa. Agirre siempre ha mantenido que De Miguel no actuó de mala fe porque si hubiera sido así habría ocultado también en 2008 esa actividad.
En su declaración, De Miguel no aporta novedades entre lo que tenía al inicio de su mandato y al final. Únicamente, el 50% que poseía de un piso con garaje en Vitoria al entrar en la Diputación ya no lo tenía al concluir su mandato; tampoco mantuvo su participación en dos créditos de algo más de 138.000 euros.
