madrid. El Partido Popular presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el veto impuesto por el Gobierno a la tramitación parlamentaria de su proposición de ley en la que pedía derogar la congelación de las pensiones en 2011. La portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ante la sede del Alto Tribunal que recurren el veto porque aquella iniciativa del PP no encajaba con uno de los elementos que exige la Constitución para censurarla, y que es que afecte a los gastos presupuestarios.

Sáenz de Santamaría acudió al Supremo acompañada por el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, y por el diputado del PP por Toledo, Arturo García-Tizón, que fue el jefe de la Abogacía del Estado con el Gobierno del PP. "Como (la proposición de ley) no afecta a gastos ni a ingresos presupuestarios, se ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo porque es un acto del Gobierno que incumple la Carta Magna y la ley", señaló Sáenz de Santamaría, quien no descarta otras acciones legales paralelas como un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Los pasos En su recurso, el PP pide al Supremo que ordene al Gobierno que "mande el expediente" sobre el veto. A partir de ahí, continuó la portavoz, "se irán cumpliendo los pasos" y se verá si hay que solicitar la adopción de medidas cautelares. Junto a la iniciativa del PP, el Gobierno impidió la tramitación de otras dos, presentadas por CiU y por ERC-IU-ICV, si bien estos grupos parlamentarios todavía no han llevado esta decisión a los tribunales. Por otro lado, el PP, al igual que ERC-IU-ICV, también recurrió a la Mesa de la Cámara Baja la decisión que tomó el Gobierno la pasada semana de vetar la tramitación de 22 enmiendas parciales al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas las presentadas por estas formaciones, junto a CiU, BNG, UPN, Nafarroa Bai y UpyD para rectificar la decisión del Gobierno y que las pensiones suban un 1% el próximo año.

El Ejecutivo se acogió a la facultad que le reserva el Reglamento del Congreso para impedir que se voten enmiendas a los Presupuestos que supongan un incremento de gasto o una disminución de ingresos. El argumento es que con la revalorización automática de las pensiones, se busca un ahorro de 1.500 millones de euros entre 2011 y 2012.

En este sentido, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que su partido está dispuesto a llegar al Constitucional si la Mesa del Congreso no da amparo a sus reclamaciones sobre estos vetos, con los que el PSOE busca, a su juicio, impedir que la ciudadanía conozca las alternativas populares a congelar las pensiones.