javier encinas
PAMPLONA. El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional juzgue a los cinco presuntos miembros de Falange y Tradición, el violento grupo de extrema derecha que durante el verano de 2009 cometió decenas de ataques contra la memoria histórica, amenazó de muerte a varios cargos públicos y que tenía la firme intención de proseguir su actividad delictiva.
La resolución del Alto Tribunal zanja de forma definitiva el problema competencial iniciado en octubre de 2009 cuando, después de que se detuviera a los cinco supuestos integrantes de Fy T, el Juzgado de Instrucción de Pamplona trasladó la causa a la AN al entender que los hechos constituían un delito de terrorismo. En el auto redactado al respeto imputaba a los arrestados los delitos de asociación ilícita, amenazas, coacciones y daños.
RECHAZO INICIAL La Audiencia Nacional rechazó asumir el caso. La Fiscalía de la propia Audiencia Nacional recurrió esta inhibición sin éxito, por lo que correspondió al Supremo resolver este contencioso competencial.
Antes de adoptar su decisión final, el Supremo contó con un informe del Juzgado de Instrucción de Pamplona que afirmaba que "nos encontramos con una pluralidad de actuaciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provenientes de un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado, por lo que procede estimar que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la Audiencia Nacional", por lo que insistía en que existían indicios para estimar su solicitud.
Puntualizaba además que "todos los objetivos de los ataques se vinculan con la ley de la memoria histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale".
En sus razonamientos jurídicos, el Alto Tribunal cierra filas con la magistrada y considera que cabe considerar los hechos "como delito de terrorismo urbano" y admite que, si bien parece que los detenidos no pertenecen a banda armada o grupo terrorista, sí cumplen "la otra exigencia de alterar la paz pública o subvertir el orden constitucional" que recoge el Código Penal como condición para ser juzgados en la Audiencia Nacional.
PENAS MÁS ALTAS A partir de ahora, la AN recibirá toda la instrucción realizada en Pamplona. Huelga decir que el hecho de que sean juzgados en el AN, acusados de terrorismo urbano, posibilitará que se enfrenten a petición de penas más elevadas que en el caso de que la causa se hubiera quedado en el Juzgado que inició la instrucción en la capital navarra.
Todos ellos se encuentran en libertad condicional tras abonar fianzas de entre 6.000 y 10.000 euros.
