Al igual que el hombre de mar que llega a puerto y puede pisar finalmente tierra firme dejando atrás meses de trabajo incesante y en ocasiones precario, el traspaso de las políticas activas de empleo ha mudado las aguas turbulentas del freno al cumplimiento estatutario por el aterrizaje de una de las 36 competencias pendientes hasta ayer. Un acuerdo que ha ejercido de rellano en la trayectoria descendente de la escalera de caracol del compromiso con el autogobierno por parte del Gobierno español. Suelo estable a partir del cuál remontar algún escalón y sustituir la caída por el ascenso. Por lo pronto, la pasada jornada se escalaron cuatro peldaños. Quedan otros 32. Tantos como transferencias pendientes, según la enumeración del Informe Zubia aprobado en la Cámara Vasca en 1993.

El acuerdo rubricado entre el PSOE y el PNV al objeto de traer a la CAV unas políticas activas no devaluadas elimina cuatro ítems -al que habrá que añadir el de Fogasa, tras el compromiso del socialismo- del listado de diez materias referentes al trabajo y la Seguridad Social comprendidas en el Estatuto. Un cariz económico que también exhibe la mayor parte de las restantes competencias sin transferir, y que contradice las críticas que han puesto el foco en supuestos intereses partidistas u obsesiones identitarias que impregnarían la hoja de ruta de quienes demandan el cumplimiento íntegro del texto estatutario.

SEGURIDAD SOCIAL En este sentido, entre la mercancía por trasladar a suelo vasco figura la gestión de la Seguridad Social y las políticas pasivas de empleo -prestaciones por paro-, recogidas en las quince propuestas de resolución que el partido de Iñigo Urkullu ha puesto sobre la mesa del socialismo, y ante las que Zapatero habrá de mover ficha si aspira a aprobar sus Presupuestos y a no convocar unas elecciones anticipadas que podrían conducir a su defenestración política en las urnas. La gestión del crédito, la banca y el turismo, así como de las autopistas A-1 y A-68, y de los hidrocarburos, aeropuertos, ferrocarriles y seguros, al margen de esas quince propuestas, también forman parte del paquete económico aún sin transferir a la CAV.

Las restantes materias, que inciden en aspectos de tinte más administrativo, cultural o de seguridad, no obstante, también muestran una incidencia tangencial en el aprovechamiento de recursos y la superación de la crisis. Un análisis que cobra sentido si se repara en la duplicidad de gastos en la que se ha visto obligado a incurrir el Gobierno Vasco a lo largo de los años.

Así, cuando los servicios prestados por el Estado español -y pagados por la ciudadanía de la CAV a través del Cupo- para cubrir las tareas de las materias no transferidas han resultado insuficientes, las oficinas de Lakua se han visto obligadas a aportar fondos extra de su bolsillo para completar el trabajo. Según se recogía en los presupuestos vascos de 2008, el traspaso de la Seguridad Social hubiera multiplicado por dos los fondos de los que dispondría el Ejecutivo vasco para implementar políticas de cohesión social y bienestar. El acuerdo labrado por los jeltzales y suscrito ayer reportará al territorio 472 millones. Al margen del ámbito económico, quedan en el tintero las funciones relativas a la matriculación y permisos de circulación de vehículos, la seguridad privada o los archivos cinematográficos. Entre ellos, sin embargo, destaca la discutida competencia, aún en el cajón socialista, del régimen penitenciario. Un caballo de batalla que el PSOE ha agarrado por las riendas para evitar que se salga del establo invocando palabras mayores como la seguridad del Estado, como bloquea también todo lo relativo a la Seguridad Social, que Zapatero rechaza transferir "por principios". Unas prioridades que el dirigente socialista habrá de poner en orden si desea contar con el respaldo jeltzale.