vitoria. El Ararteko abrió un expediente en el que denunciaba las filtraciones sobre el "caso Margüello" a los medios de comunicación tras recibir una queja de José Ramón Elorriaga, ex director territorial de Sanidad en Bizkaia. Ahora ocho periodistas han sido imputados por revelar datos de la presunta trama de espionaje derivada del caso De Miguel

Cuando hay un procedimiento de investigación abierto, administrativo o judicial, esa actuación se dirige sobre unos presuntos responsables, y ahí está el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Mientras no haya pronunciamiento debidamente fundamentado en términos jurídicos, cualquier información sobre ese procedimiento puede lesionar el derecho a la propia imagen y al honor de la persona imputada. Y además está presente el derecho a la defensa, hay que dar voz a las personas sobre la que recae alguna acusación. Nosotros abrimos un expediente de queja promovido por una de las personas envueltas en lo que se conoce como el caso Margüello y resolvimos que su derecho a la defensa no había sido debidamente salvaguardado, y que por otra parte la presunción de inocencia y el derecho a la propia imagen salieron dañados porque en prensa salió una información que le concernía personalmente. Pero por otra parte esta el derecho a la información. Ninguno de estos derechos tiene un carácter absoluto, y cuando hay varios en juego deben conjugarse de la manera más armónica posible.

¿No se puede establecer un criterio común, entonces?

Es difícil establecer una teoría general más allá de lo que acabo de decir, habría que analizar en cada caso cómo se conjugan todos estos derechos. Y para complicar más las cosas hay una tercera pata cuando hablamos de responsables políticos o funcionarios. Por trabajar en las administraciones deben estar sometidas a la exposición pública, pero a su vez el límite de esa exposición debe ser el respeto a sus derechos fundamentales, que son los que he citado anteriormente: volvemos otra vez a la necesidad de ponderar todos estos elementos en juego. En el caso concreto de las administraciones públicas los responsables y funcionarios deben ser especialmente diligentes para evitar que se produzcan filtraciones, para salvaguardar los derechos de esas personas.