"No debemos callar ante resoluciones judiciales que no fundamentan la prohibición de manifestaciones"

Yo sigo sosteniendo que el informe es muy riguroso y tiene como fundamento la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo que fue aprobada tanto por los grupos que sostenían al Gobierno, PNV, EA y EB, como por la oposición, PP, PSE y Aralar. La Ley reconoce como víctimas del terrorismo, y eso lo quiero dejar absolutamente claro, a las víctimas de todos los grupos terroristas. Y ahí están de acuerdo esos seis partidos, y eso además es un activo formidable en un tema tremendamente sensible. No cabe absolutamente ninguna duda, y nadie la tiene, de que tan víctimas del terrorismo son las víctimas de ETA, como las del GAL, las del Batallón Vasco Español, de ATE, etcétera. Todos esos grupos, según la Ley, el ordenamiento jurídico y pronunciamientos judiciales, y esto es importante, son terroristas, y por tanto todas sus víctimas son víctimas del terrorismo. Nuestro informe recogía testimonios de grupos de víctimas del terrorismo. Y es constatable que las de ETA están en numerosas organizaciones, y poquísimas de los grupos de extrema derecha o anti ETA lo están. Nosotros recopilamos testimonios de esos grupos, no de víctimas individuales, y reconozco que eso arrojó una fotografía en la que las víctimas de grupos que no son ETA no aparecían recogidas adecuadamente. El Parlamento pidió al Gobierno Vasco que elaborara un informe sobre las víctimas de los otros grupos terroristas, y cuando nosotros cerramos nuestro estudio aún no había concluido. Pero quiero dejar absolutamente claro que desde el punto de vista conceptual este informe recoge a todas las víctimas. Quedamos a la espera de que ese informe del Gobierno Vasco arroje información para que esas políticas públicas en el futuro sean equitativas. Y hay un tercer bloque, el de las víctimas de la Policía o de otros aparatos del Estado, y a esas personas el Ararteko también las considera víctimas. El Parlamento solicitó un informe específico sobre esa realidad, y formarán parte de la agenda de trabajo del Ararteko.

¿Qué le parece el Proyecto de Ley de Víctimas en el que trabaja el Congreso de los Diputados?

No tengo elementos de juicio suficientes para hacer una valoración, pues es una Ley que se está tramitando aún. Son los destinatarios de esa Ley los que deben dar su opinión. En todo caso sí que cabe constatar que todas las administraciones empezaron tarde, y eso lo dicen las propias víctimas. Todas, también el Gobierno de España, aunque ahora se va en buena dirección.

¿Cree que será útil la presencia de las víctimas en las aulas, ya encarrilada tras el duro debate público de la pasada primavera?

Me vuelvo a referir a la Ley de Víctimas. Todos los grupos estaban de acuerdo en la necesidad de hacer llegar a la Educación la terrible realidad de los grupos terroristas en Euskadi y de sus víctimas. Para nosotros, lo importante es que se haga, que se haga bien, y con el máximo consenso posible. Sería también importante recabar la opinión de los expertos, porque no es tan importante cómo se haga, sino que sea realmente efectivo y redunde en una educación de valores de respeto a los Derechos Humanos. Es algo fundamental en cualquier país, y en Euskadi más.

¿Cómo valora la prohibición de la manifestación del pasado sábado?

A nosotros, los autos que prohibieron esa manifestación nos generaron una honda preocupación, porque el derecho a la manifestación es uno de esos que una democracia de gama alta debe salvaguardar con particular diligencia. O dicho de otra manera, solamente en casos muy excepcionales, de una manera muy fundamentada, cabría prohibir manifestaciones. Yo he leído los dos autos, el que prohibe la petición que hacen personas ligadas a la plataforma Adierazi EH y el que prohibe la solicitud de Sabin Intxaurraga. Son muy débiles e insuficientes. Las decisiones judiciales hay que respetarlas, pero así como los jueces hacen una labor de garantía de los derechos fundamentales, el Ararteko y el resto de defensorías también. En tanto en cuanto somos alto comisionado del Parlamento Vasco para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en relación a la actuación de las administraciones públicas, no debemos callar cuando leemos resoluciones judiciales a que a nuestro modo de ver no han fundamentado debidamente esas prohibiciones.

¿Por qué se autorizan las manifestaciones de Donostia o Bilbao en agosto y no las de este mes?

Hay dos elementos que a mí me preocupan particularmente. Uno es que la plataforma Adierazi EH se vincula directamente con ETA diciendo que está a sus órdenes, y eso no se demuestra. Además, públicamente algunos representantes de esa plataforma se han manifestado a favor del derecho a la vida y eso es implícitamente una condena de las acciones de ETA. Se dice que personas que se vinculan a Batasuna se han adherido en manifestaciones públicas a la marcha y eso se aporta como prueba de vinculación con ETA. Es un argumento extremadamente débil, si llevamos esta lógica a cualquier otro ámbito, pensemos que personas de Batasuna se adhieren a una huelga, ¿se podría prohibir esa convocatoria? Es un argumento que se cae por su propia base. Si añadimos además el hecho de que en esta plataforma participó un ex consejero del Gobierno Vasco de un partido absolutamente legal, miembros de Aralar, Alternatiba, Lokarri, ELA o LAB, el resultado no puede ser otro que la no prohibición. Sería deseable que hubiera unos criterios, que entiendo deberían ser los recogidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo, que en términos lo más garantistas posible fijasen criterios coherentes y homogéneos en las resoluciones judiciales. Chirría que haya restricciones judiciales de diferente tenor.

Mantuvo usted un tenso debate a través del fax con el consejero de Interior a cuenta de la presuntas torturas sufridas por los supuestos miembros del comando de ETA detenido en enero en Ondarroa. ¿Se han agotado todas las posibilidades de actuación del Ararteko en este caso?

Tenemos que partir de una idea, la tortura y los malos tratos existen porque hay sentencias judiciales y testimonios gráficos que lo demuestran, por ejemplo en Cataluña. El propio Gobierno español lo reconoce cuando firma el protocolo facultativo de prevención de la tortura y los malos tratos. Nosotros no tenemos facultad de investigación porque eso corresponde a los tribunales, pero sí podemos solicitar que haya protocolos cada vez más incisivos en materia de prevención. Ese es nuestro campo de actuación. De manera que cuando se producen denuncias de esta prácticas, si conciernen a actuaciones de la Guardia Civil o la Policía Nacional las remitimos al Defensor del pueblo, como ha ocurrido hoy mismo [por el jueves] en la entrevista que he tenido con los familiares de los detenidos por pertenecer a Ekin. Si son de la Ertzaintza o de la Policía Local, nosotros tenemos que recabar información de la Administración para ver si se han aplicado los protocolos correspondientes. Eso es justo lo que hicimos. Solicitamos a la consejería las grabaciones correspondientes al periodo en que estuvieron incomunicadas estas personas, y también los atestados. Tenemos derecho a ello. El Gobierno Vasco nos lo negó, criticamos esa actitud de una manera muy fundamentada, pero tampoco tenemos recursos para exigir ante los tribunales la remisión de ese material. Lo que haremos, evidentemente, es dar parte al Parlamento Vasco de esta actuación para que obre en consecuencia. El expediente está cerrado, pero lo que no está cerrada es la tarea del Ararteko por evaluar los protocolos que existen y solicitar otros nuevos, lo más eficaces posible en materia de tortura y malos tratos. A este respecto estamos analizando los protocolos que existen en otros países y el material de las quejas que hemos recibido, para detectar las debilidades del sistema y solicitar al Gobierno Vasco que mejore su protocolo, porque caben mejoras.

Decía Interior que el hecho de que haya directrices de ETA de que se denuncien torturas por sistema invalida cualquier denuncia.

En una democracia de gama alta toda denuncia de torturas ha de ser investigada. En segundo lugar, el Ararteko promovió la elaboración de un estudio de muchos expedientes de personas a las que se aplicó el régimen de incomunicación y la conclusión de este estudio, como de muchos otros que se han hecho sobre esta materia, arroja datos contundentes y clarificadores: no es cierto que el 100% de las personas detenidas por presunta pertenencia a ETA haya denunciado torturas. Es un porcentaje elevado, pero no alcanza al 100%, ni mucho menos. Hoy mismo [por el jueves] nos han trasladado que tras la reciente operación promovida por la Audiencia Nacional -la de Ekin-, seis de los detenidos han denunciado ser víctimas de tortura o malos tratos, por lo tanto no es el cien por cien. Por otra parte, yo doy plena credibilidad a las autoridades que dicen que hay instrucciones de ETA para que se hagan esa denuncias, pero en todo caso las denuncias se deben investigar. Hay mecanismos para hacerlo y además esas investigaciones son buenas para las policías. Esta posición es compartida por la Asociación para la Prevención de la Tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, o los relatores especiales de la propia ONU para la prevención de la tortura, por no hablar de colegios de abogados o asociaciones. La posición al respecto es unánime, y cuando tantos organismos independientes que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos coincidimos, las administraciones deberían escucharnos.