madrid. Campaña de propaganda, atentado contra la libertad sindical o intento de vulneración del Estatuto de los Trabajadores son algunos de los epítetos lanzados contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por hacer pública su intención de suprimir 2.000 liberados sindicales que trabajan en la Administración autonómica. Desde el Gobierno central se acusó a la mandataria del PP de querer acallar la voz de los trabajadores y, desde los sindicatos, se dijo que se trata de una operación de "propaganda" política de Aguirre ya que ésta no cuenta con atribuciones para eliminar esos puestos.
La presidenta de Madrid, según publicó ayer El Mundo, quiere suprimir dos tercios de los liberados sindicales que trabajan para su Administración con el objetivo de ahorrar 70 millones de euros y lo anunciará, aunque aún no está confirmado, en el debate sobre el Estado de la región esta semana. Su argumentación es que con 2.000 trabajadores reincorporados a sus puestos de trabajo, el Ejecutivo podría prescindir de los trabajadores interinos que hacen las labores de los liberados. Pero la medida tiene, según El Mundo, un segundo objetivo de carácter político: "eliminar poco a poco las cesiones hechas a favor de los sindicatos en la época de Ruiz Gallardón.
respuestas El primero en responder a esta propuesta fue el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, quien espetó que suprimiendo a los representantes de los trabajadores "no se solucionan los problemas" de la región. Blanco sentenció que en Madrid hay "suficientes problemas" en materia de educación, sanidad y otros servicios públicos, como para que su responsable se permita "atacar tan duramente a los representantes de los trabajadores".
Desde CCOO su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, ha recordó a Aguirre, que "la comunidad de Madrid no tiene capacidad para modificar el Estatuto de los Trabajadores ni la Ley Orgánica sindical, que es lo que ampara los derechos sindicales de que gozan los comités de empresa". Por ello concluyó que el anuncio de la mandataria popular es sólo una "maniobra de propaganda".
Por su parte el secretario general de UGT, Cándido Méndez, comparó la pretensión de Aguirre con la del pastor Terry Jones, que quería quemar ejemplares del Corán para conmemorar el 11-S. "Al igual que el pastor Terry Jones, creo que Esperanza Aguirre lo que quiere es incentivar una política muy fuerte anti-sindical utilizando esta propuesta", afirmó Méndez.