madrid. El Gobierno dio ayer por superado el incidente con Marruecos tras la agresión sufrida el pasado sábado en El Aaiún por un grupo de activistas españoles, que confesaron ayer sentirse traicionados y calificaron de "vergonzoso" el comportamiento del Ejecutivo.
Ayer por la mañana, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de Laiglesia, aseguró que el Gobierno veía "superado" el incidente con Marruecos, que aceptaba las explicaciones de ese país y que no contemplaba llamar a consultas a su embajador.
De Laiglesia explicó que el Ejecutivo da por buena la versión del Gobierno marroquí, ya que "carece de elementos para avalar las opiniones de los activistas", a quienes no lesionaron los policías, sino "grupos que no eran partidarios" de la manifestación en favor del pueblo saharaui en la que participaban. Según él, no hay elementos que avalen que las heridas fueron causadas por agentes marroquíes, como mantienen los once agredidos. "Lo que está fuera de duda es que los activistas participaron en una manifestación ilegal en la que se produjeron una serie de altercados y como resultado de ellos, algunos tuvieron lesiones", relató.
Mientras, los activistas de la asociación SaharAcciones denunciaron el comportamiento "vergonzoso" del Gobierno, que, en su opinión, no sólo ha traicionado al pueblo saharaui, sino también al pueblo español, que respalda en su gran mayoría la causa saharaui. Retaron al Ejecutivo a que si quiere reconocer la legitimidad de la ocupación marroquí en el Sahara, "que lo diga". "No tenemos ninguna esperanza en el Gobierno español, confiamos en los ciudadanos libres, en la prensa libre y en que la presión internacional logre cambiar el rumbo del Sahara junto con la presión de los saharauis", explicaron.
Los activistas han recabado los partes médicos en los que se reflejan policontusiones pero sin daños internos, con los que acompañarán las denuncias que tienen previsto presentar ante la Subdelegación del Gobierno y, eventualmente, en los Juzgados.
Por su parte, el Gobierno canario ha "exigido" al central una "información detallada de los incidentes", tal y como anunció el presidente autonómico, Paulino Rivero, quien rechazó el trato que los activistas recibieron de las autoridades marroquíes. El Gobierno de Canarias "ha rechazado siempre, y siempre va a rechazar", el uso de la fuerza contra las personas desde la opinión de que los derechos humanos "hay que respetarlos en todas partes", declaró.
Desde el PSOE, su secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, advirtió de que el Gobierno "difícilmente puede proteger" a los españoles en otro país si se dedican a "actividades que no son legales", como participar en "una manifestación no autorizada". Valenciano subrayó que todo el mundo debe tener "un poco de cuidado" al participar en una actividad reivindicativa, porque es "completamente razonable" que se reclame el respeto a los derechos humanos, "pero hay que hacerlo con la ley en la mano".
Por su parte, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado por Fuad Alí el Himma, amigo personal del rey Mohamed VI, hace dos años, tachó a los once activistas españoles que participaron el sábado en la protesta de "provocadores e irresponsables" y se felicitó de la reacción que tuvieron los habitantes locales. "Estos actos fomentados se producen en un momento en el que la voz del separatismo está en un fase de decrepitud, en un contexto en el que las campañas que buscan minar el proceso de negociaciones directas conocen un creciente fracaso, así como en un momento en el que la crisis de las relaciones entre Marruecos y España se ha superado", subrayaba en un comunicado.