El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha hecho público el dictamen por el que establece las subvenciones que recibirán este año aquellas organizaciones y movimientos sociales "que desarrollan actividades a favor de la Paz y los Derechos Humanos en Euskadi". Y de él se desprende una clara conclusión: el Gabinete López no se entiende con la red ciudadana Lokarri, lo que en sólo dos ejercicios ha supuesto para esta organización la pérdida de casi todas las ayudas que recibía del Ejecutivo vasco hasta la llegada de Patxi López a Ajuria Enea. En números, esto se traduce en que el año pasado pasara de recibir unos 30.000 euros anuales, a sólo 7.000, que este año se han quedado a su vez reducidos a 4.350; prácticamente la misma cantidad que recibirán, por ejemplo, algunas agrupaciones vascas de boy scouts.

El desencuentro entre los mandatarios socialistas y Lokarri no es en absoluto algo nuevo. La portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, ya advertía en una de sus primeras intervenciones públicas de que "las prioridades de este Gobierno a la hora de repartir los fondos van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora". Acto seguido, el coordinador general de la agrupación pacifista, Paul Rios, dejaba clara su visión de este cambio de criterio a través de su blog, donde aseguraba que responde a un mero "impulso político" que parece llevar a los actuales gestores a ayudar sólo "a quien coincida con sus planteamientos, dejando a un lado al resto, sin tener en cuenta otras consideraciones", como la importante actividad que desarrolla día a día Lokarri o el apoyo social con el que siempre ha contado.

diferencia de criterio Hace un par de meses, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, explicaba el origen de su distancia hacia Lokarri dejando caer que no la considera una organización destinada únicamente a conseguir la paz por cuanto aboga por que el diálogo se abra paso entre los partidos hasta llevarles a un acuerdo que, tras ser refrendado por la ciudadanía, lleve a la sociedad vasca al ansiado escenario de convivencia normalizada.

Es en ese momento en el que se descubre la diferencia de criterio que existe entre el Ejecutivo vasco y Lokarri a la hora de apostar por unas u otras recetas para avanzar hacia la pacificación y normalización de la vida de la sociedad vasca. Como ejemplo, cabe destacar que uno de los proyectos de esta organización que el Gobierno se ha negado a subvencionar es el que esta organización puso en marcha para impulsar la Declaración de Bruselas, por la que agentes internacionales de la talla de la Fundación Nelson Mandela o los principales constructores de la paz en el Ulster han marcado una vía de solución para el conflicto vasco.

En cualquier caso, Lokarri siempre ha sido muy celosa de su independencia -tanto ante este Ejecutivo, como ante sus predecesores- y ya el año pasado dejó claro que estas subvenciones no representan más que el 10% de su presupuesto. Sin embargo, esto no evitó que entonces, como ahora, lamentara la intencionalidad política con la que se pretenden angostar las vías de diálogo que trata de abrir en su esfuerzo por buscar una convivencia normalizada y en paz.