madrid.- En la rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros estival, la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, recordó el encuentro del vicepresidente Tercero, Manuel Chaves, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, tras el fallo del Alto Tribunal.

Chaves, continuó, presentó ayer un informe sobre las actuaciones del Ejecutivo para desarrollar el Estatuto, con el objetivo de impulsarlas "en todos sus ámbitos en el marco de lo dicho por el Tribunal Constitucional" y fomentar el autogobierno en Cataluña.

Entre las iniciativas legislativas que van a adoptar próximamente, destacó la modificación de la Ley Orgánica del Consejo de Poder Judicial, para lo que se pidió al Ministerio de Justicia que lo aborde. Deberá analizar la atribución de competencias delegadas del Consejo del Poder Judicial a los Consejos de Justicia, como está previsto en los nuevos Estatutos, así como una posible reforma de la actual regulación de la casación. La vicepresidenta precisó que también se estudiará la modificación del estatuto del Ministerio Fiscal para permitir la incorporación, en su caso, de los fiscales a los Consejos de Justicia. A su juicio, se trata de impulsar un asunto pendiente del desarrollo estatutario en el ámbito de la Justicia, ya que fue este aspecto el que ha sido considerado inconstitucional por el Alto Tribunal.

Recordó que los Consejos de Justicia ya estuvieron en el Parlamento, aunque el proyecto decayó y que ahora se va a retomar, con algunas modificaciones.

El Consejo de Ministros estudió también los traspasos de competencias pendientes y se acordó impulsarlos a través de una Comisión delegada de Política Autonómica y de la Comisión Bilateral con Cataluña, que podría celebrarse en septiembre.

Fernández de la Vega precisó que algunos traspasos "ya se vienen haciendo", mientras que otros están en trámite y otros hay que iniciarlos, y para hacer el calendario se convocan a esos órganos.

Matizó que todas estas actuaciones pretenden desarrollar el Estatuto, una vez "avalada la práctica totalidad" de éste y aprovechar la situación para dar un impulso "al margen" que el propio Tribunal deja para ampliar el autogobierno, así como dar satisfacción a las "legítimas aspiraciones" de los ciudadanos de Cataluña, como son sus sentimientos identitarios.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), explicó De la Vega, tendrá "una doble vertiente". Por un lado, analizar las competencias que puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en los nuevos estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y "una posible reforma" de la casación.