Bogotá. El Tribunal Constitucional colombiano dejó el martes sin vigencia el polémico acuerdo militar firmado el año pasado entre los Gobiernos de Washington y Bogotá que permitía a soldados y asesores estadounidenses usar siete bases militares en territorio colombiano. El principal argumento legal es que el acuerdo no fue avalado por el Congreso. Así lo anunció el presidente del alto tribunal, Mauricio González Cuervo, quien constató que el pacto no es un acuerdo simplificado, sino que "involucra nuevas obligaciones del Estado colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como un acuerdo internacional". Así, la corte establece que debe pasar los trámites propios de este tipo de tratados, es decir, que sea aprobado por el Congreso del país.

Para el alto tribunal, el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero", "libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales". Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidad y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos".

En manos de Santos Por esos motivos, la Corte decidió remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales". Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que surta nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado. Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, como habían pedido varios sectores del país tras su aprobación en 2009, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington.

El Gobierno de Uribe siempre sostuvo que este acuerdo no era nuevo, sino una extensión de los convenios suscritos desde 1974 con Estados Unidos. De acuerdo al texto, los soldados estadounidenses no superarían los 800 en Colombia ni más de 600 contratistas del Pentágono podrían estar en el país, lo que fue autorizado en el año 2000 con el Plan Colombia, una estrategia antidrogas que luego se amplió a la lucha contra las FARC. La base aérea de Palanquero, para la cual el Congreso de EEUUs autorizó un desembolso de 46 millones de dólares para su adecuación, era el eje de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrían acceso mediante el acuerdo.