la paz. El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó ayer una ley que endurece las sanciones penales a los contrabandistas y a funcionarios cómplices, si bien es una norma resistida con protestas de las asociaciones de comerciantes.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, y los presidentes de las Cámaras de Senadores, René Martínez, y de Diputados, Héctor Arce, presentaron la norma promulgada en un acto en el Palacio presidencial en el que, sin embargo, no participó el mandatario.
La normativa duplica la pena de cárcel para contrabandistas de cinco a 10 años y establece que los funcionarios cómplices tendrán un tercio más de la condena que se aplique a los primeros.
También establece que los jueces sólo podrán dictar prisión y no medidas sustitutivas en sus fallos y confiscarán a los contrabandistas casas, avionetas, lanchas y vehículos usados para el delito que pasarán a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La normativa es contestada por las asociaciones de comerciantes que en los últimos días han realizado varias marchas en diversas ciudades e incluso incendiaron el lunes pasado los depósitos aduaneros de la ciudad andina de Oruro.
Para el Gobierno es una ley que tratará a contrabandistas como si fueran narcotraficantes.
El presidente de la Cámara de Diputados Arce explicó que una de las novedades en la normativa es que se considera a la sociedad en su conjunto como víctima de este delito, lo que explica el "endurecimiento de las penas". El ministro Arce dijo que el contrabando mueve cada año en Bolivia hasta 1.500 millones de dólares y causa un perjuicio a las arcas estatales de entre 300 y 400 millones de dólares anuales.
